El presupuesto autorizado por la presidencia para estas localidades asciende a 38 millones 956 mil 42 pesos, recursos que aseguran no han podido ejercer debido a bloqueos y restricciones
Patricia Calvillo
En la Huasteca Potosina, trece comunidades indígenas náhuatl y tének acusan a la Secretaría de Bienestar y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de bloquear recursos federales autorizados para infraestructura social, a pesar de existir suspensiones judiciales que ordenan no reducir ni impedir el acceso a dichos fondos. Las comunidades afirman que esta situación vulnera sus derechos y afecta directamente a más de 24 mil habitantes que viven en condiciones de alto rezago social en la huasteca potosina.
A través de un comunicado dirigido a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo; al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, Hugo Aguilar; y a la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, las comunidades denunciaron que Bienestar no ha cumplido las suspensiones concedidas dentro de los amparos promovidos para impedir recortes al Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos, conocido como FAISPIAM.
El documento está firmado por Angelina Reyes Hernández y Hermelinda Vázquez Bautista, representantes nahuas; así como por Cenorina Bernal Fernández, Rafael Reyes Martínez y Marcos Alejo Torres, representantes tének, quienes reiteran que la lucha por el acceso a sus recursos es también una defensa de sus derechos humanos, su autonomía y su dignidad como pueblos originarios.
El presupuesto autorizado por la presidencia para estas localidades asciende a 38 millones 956 mil 42 pesos, recursos que aseguran no han podido ejercer debido a bloqueos y restricciones impuestos por las dependencias federales.
Un caso especialmente grave es el de Tamapatz, comunidad tének ubicada en el municipio huasteco de Aquismón, pues de acuerdo con los representantes indígenas, ni siquiera se les ha entregado la tarjeta mediante la cual deben recibir sus recursos, pese a ser una de las zonas más vulnerables de la región. Para esta comunidad se aprobaron 17 millones 272 mil 868 pesos. De confirmarse este bloqueo, la afectación total ascendería a 56 millones 228 mil 910 pesos y alcanzaría a cerca de 35 mil personas.
Las comunidades señalan que estas acciones violan sus derechos humanos y colectivos, pues se les impide ejercer un presupuesto federal destinado a obras esenciales de agua, salud, movilidad y servicios básicos aprobadas por sus propias asambleas.
Aseguran que la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, han bloqueado cuentas bancarias, limitado disposiciones de efectivo, presionado para que las comunidades se desistan de sus amparos e incluso intentado imponer proveedores y contratistas. Consideran estos actos como violencia institucional y política, además de prácticas discriminatorias y corruptas.
El conflicto ha escalado al ámbito judicial, pues el juzgado séptimo de Distrito, con sede en Ciudad Valles, mantiene desde el 2 de julio de 2025 un apercibimiento dirigido a la Secretaría de Bienestar, ordenando cumplir las suspensiones definitivas y provisionales concedidas a diversas comunidades.
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Indicaron que el juzgado reiteró el requerimiento los días 6 de agosto y 22 de octubre del mismo año, señalando los expedientes acumulados en los que Bienestar debía informar sobre el cumplimiento de estas medidas. En dichas resoluciones se establece claramente que las autoridades deben abstenerse de aplicar cualquier reducción al monto asignado a las comunidades en el acuerdo publicado el 15 de abril de 2025, que modificó la fórmula de distribución del componente indígena del FAISPIAM.
Sin embargo, los representantes indígenas aseguran que la jueza del juzgado, María Lucrecia Martínez Galván, se ha sumado al hostigamiento al no responder a nuevas peticiones comunitarias ni sancionar a los funcionarios que continúan incumpliendo las órdenes judiciales. Según expresan, esta omisión pone en duda el compromiso institucional con el artículo 17 constitucional, que garantiza el acceso a la justicia. En su comunicado preguntan si estos resultados son consecuencia de la reforma judicial.
Ante lo que consideran una violación persistente de sus derechos, los representantes nahuas y tének advierten que emprenderán nuevas acciones para defenderse y solicitan formalmente que se investigue a los servidores públicos involucrados, que se liberen y depositen los recursos completos para todas las comunidades afectadas y que se desbloqueen sus cuentas bancarias. También responsabilizan a los titulares estatales de Bienestar e INPI, así como a la jueza del Juzgado Séptimo, de cualquier acto derivado de las acciones que las comunidades decidan emprender.
