La retención de los recursos se da bajo la responsabilidad de la cúpula de la Secretaría del Bienestar y el INPI, señalaron
Patricia Calvillo
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Casi 35 mil personas indígenas de comunidades Tének y Náhuatl en San Luis Potosí enfrentan un presunto abandono institucional y retención de recursos públicos destinados a su desarrollo básico, así lo denunció Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano, quien calificó la situación como un acto de autoritarismo e ilegalidad por parte del Gobierno Federal.
De acuerdo con su denuncia, un total de 34 mil 991 personas pertenecientes a 13 comunidades indígenas permanecen sin acceso a recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS, correspondientes al ejercicio del año pasado. Se trata de un monto que supuestamente está retenido y que asciende a más de 56 millones de pesos, los cuales “se encuentran congelados en cuentas del Banco del Bienestar, pese a que su destino es la ejecución de obras básicas de infraestructura en comunidades históricamente marginadas”.
Esta retención ocurre bajo la responsabilidad de la cúpula de la Secretaría de Bienestar y del INPI, encabezada por Ariadna Montiel Reyes y Adelfo Regino Montes, así como por funcionarios locales como Guillermo Morales y Mario Alberto Godoy Ramos. Mientras tanto, las comunidades afectadas carecen de recursos para atender necesidades elementales, lo que agrava la desigualdad y el rezago social.
La respuesta del Estado, afirmó, no ha sido el diálogo ni el respeto a la ley, sino la criminalización de la defensa de derechos colectivos. En un año que oficialmente fue proclamado como el Año de la Mujer Indígena, las comunidades que recurrieron a la vía legal han enfrentado represalias administrativas y hostigamiento institucional. A pesar de que los Juzgados Quinto y Séptimo de Distrito en Ciudad Valles otorgaron suspensiones definitivas para proteger los presupuestos comunitarios, la Secretaría de Bienestar ha incurrido en desacato al mantener retenidos los recursos.
Además del incumplimiento judicial, se denunció una campaña de desinformación y estigmatización impulsada desde una radio pública, así como presiones directas por parte de los llamados Servidores de la Nación. Según el Observatorio, estos funcionarios han condicionado la entrega de apoyos a que las comunidades desistan de los juicios de amparo, particularmente en municipios como Tanlajás, Tancanhuitz de Santos, San Antonio y Aquismón, utilizando el hambre y la necesidad como mecanismos de coerción.
Acusó a la titular de la Secretaría de Bienestar de ignorar multas y requerimientos judiciales, lo que, dijo, constituye una violación grave a los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas. Esta omisión ha paralizado proyectos de infraestructura esenciales y ha convertido al aparato del Estado en un instrumento para criminalizar a quienes buscan protección legal.
El pasado 18 de diciembre se llevó a cabo la audiencia constitucional en los juicios de amparo promovidos por las comunidades afectadas, con lo que concluyó la etapa de pruebas y alegatos. Ante ello, las representaciones indígenas exigieron a la autoridad judicial que emita de manera inmediata la sentencia correspondiente, a fin de restituir los derechos vulnerados y garantizar el acceso a los recursos públicos.
Desde el Observatorio Indígena Mesoamericano se advirtió que la falta de resolución y el incumplimiento de las suspensiones judiciales vulneran la paz social y el estado de derecho. Por ello, se demandó la ejecución forzosa de las resoluciones, incluso mediante la intervención directa de la Tesorería de la Federación, así como la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios responsables por desacato.
Se exigió el cese inmediato del hostigamiento institucional y la instalación de mecanismos de vigilancia con la participación de organismos internacionales de derechos humanos, para asegurar que los recursos lleguen íntegros a las comunidades sin represalias políticas. También se solicitó que la sentencia judicial incorpore una perspectiva indígena, reconociendo que los presupuestos destinados a estos pueblos son irreductibles y que cualquier recorte sin consulta previa resulta inconstitucional.
