Denunciaron la persistente contradicción de un Estado que prioriza el resguardo de monumentos y edificios públicos sobre la vida de las mujeres.
A través de la publicación de un posicionamiento conjunto emitido a medio día de este 8 de marzo de 2026, las colectivas integradas en la Movilización Vivas Nos Queremos San Luis Potosí denunciaron la persistente contradicción de un Estado que prioriza el resguardo de monumentos y edificios públicos sobre la vida de las mujeres. Las activistas señalaron que el despliegue de vallas y operativos de seguridad extraordinarios durante las manifestaciones demuestra que las instituciones poseen la capacidad técnica y operativa de protección, pero eligen aplicarla de manera discrecional, dejando fuera de las prioridades públicas la prevención de la violencia feminicida y el acceso real a la justicia.
Respecto a los mecanismos de protección vigentes, la organización manifestó un rechazo absoluto ante la intención de las autoridades de levantar las Alertas de Violencia de Género (AVGM) en la entidad. Calificaron esta posibilidad como un agravio directo para las familias de las víctimas de feminicidio, subrayando que mientras persista la impunidad y la falta de reparación integral, la alerta debe fortalecerse con presupuestos específicos e indicadores de impacto reales en lugar de ser eliminada. Para las colectivas, el retiro de estas medidas solo profundizaría la vulnerabilidad en un contexto donde la verdad y la justicia siguen siendo deudas pendientes.
En el ámbito de los derechos laborales y de salud, el comunicado enfatiza la urgencia de una reforma que reduzca la jornada a 40 horas semanales con dos días de descanso, pero con una perspectiva feminista que reconozca la “triple jornada” —remunerada, de cuidados y comunitaria— que recae desproporcionadamente en las mujeres. A la par de estas demandas económicas, exigieron que la despenalización del aborto se traslade definitivamente del código penal a la realidad de los servicios de salud, garantizando una atención segura y gratuita que reconozca además la labor histórica de las acompañantes que han sostenido este derecho ante la omisión estatal.
La movilización también puso el foco en la violencia institucional y académica, solidarizándose con las estudiantes de la Facultad de Derecho de la UASLP tras las recientes denuncias de violencia sexual. Exigieron a las autoridades universitarias aplicar protocolos con debida diligencia que eviten la revictimización y garanticen sanciones ejemplares. Asimismo, hicieron un llamado a proteger de forma integral a
Finalmente, el pronunciamiento destacó la importancia de una justicia interseccional que atienda las realidades específicas de las mujeres con discapacidad, las comunidades indígenas y las disidencias sexogenéricas. La organización concluyó que su presencia en las calles este 8 de marzo responde a una resistencia colectiva frente a la feminización de la pobreza y el avance de discursos que vulneran los derechos humanos. Bajo la consigna de que la lucha no se agota en una fecha, reafirmaron su compromiso de seguir acompañando a las víctimas y exigiendo al Estado potosino que cumpla con su responsabilidad de garantizar una vida digna y libre de violencia para todas.
