Mario Godoy Ramos, ha sido objeto de críticas debido a su falta de origen indígena, ya que en 2018 se autoadscribió como afromexicano y, ahora, en 2025, se presenta como Rarámuri
Patricia Calvillo
▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento
Se hizo oficial el nombramiento de Mario Godoy Ramos como representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en San Luis Potosí, cargo que ocupa tras la salida de Martín Esteban Reyes. Sin embargo, detrás de esta designación surgen varias interrogantes y controversias que apuntan a influencias políticas y conflictos relacionados con el manejo de recursos destinados a las comunidades indígenas, lo que ha desatado un fuerte debate sobre presunto nepotismo, la falta de transparencia y la autonomía de las comunidades en el manejo de sus propios recursos, consideró el activista de la Sierra de San Miguelito, Juan Felipe Cisneros Sánchez.
Uno de los factores clave en esta controversia tiene que ver con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), un programa destinado a transferir recursos directamente a las comunidades indígenas para financiar obras de infraestructura básica. Este año, se destinó una bolsa de 502 millones de pesos, de los cuales el 10 por ciento será para las comunidades, el 11 por ciento para el Gobierno del Estado, y el 79 por ciento continuará siendo manejado por las presidencias municipales.
Sin embargo, el FAIS ha sido objeto de críticas debido a la falta de claridad y deficiencias en los lineamientos, que no consideran el registro adecuado de las comunidades indígenas ni respetan la personalidad jurídica de las mismas, permitiendo que no solo las comunidades indígenas, sino también otras entidades, puedan acceder a estos fondos.
Mario Godoy Ramos, quien recientemente fue designado como representante del INPI en San Luis Potosí, ha sido objeto de críticas debido a su falta de origen indígena, ya que en 2018 se autoadscribió como afromexicano y, ahora, en 2025, se presenta como Rarámuri. Aunque tiene experiencia en el funcionariado de atención a indígenas, su nombramiento ha levantado suspicacias debido a las presiones políticas que pudieran haber por su su designación, insistió el activista.
Señaló que la influencia de Ernestina Godoy Ramos, hermana de Mario Godoy y actual funcionaria en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, jugó un papel fundamental en su nombramiento. “Se señala que, a través de su poder y conexiones políticas, fue promovido para ocupar este cargo en el INPI, en un claro acto de nepotismo que contradice las políticas públicas impulsadas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha buscado frenar este tipo de prácticas dentro del gobierno”.
Además, cuestionó a las autoridades indígenas y algunos actores políticos, quienes señalan que el programa está siendo manejado de manera mecánica, sin tener en cuenta la necesidad de reconocer la personalidad jurídica de las comunidades indígenas. Esto permitiría que las presidencias municipales y otros actores ajenos al sector, manipulen los recursos destinados a las obras de infraestructura, lo que genera desconfianza y preocupación entre los pueblos originarios.
A pesar de que el programa permite que las comunidades indígenas reciban recursos directamente para proyectos de infraestructura, los representantes de las comunidades están percibiendo que los recursos se están “agandallando” a través de mecanismos que no están contemplados en los lineamientos. Algunos observadores señalan que los municipios quieren que las comunidades pongan todo su recurso, y ellos “completarían” la obra, lo que distorsionaría el propósito original de esta reforma.
