La mayoría corresponden a delitos culposos, aunque también se han registrado algunos casos en los que taxistas han sido señalados por robos u otros delitos menores
Alejandra Ruiz
La fiscal general del estado, Manuela García Cázarez, informó que durante el último año alrededor de cinco taxistas han sido vinculados a proceso penal por su presunta responsabilidad en delitos derivados de incidentes viales, principalmente de origen culposo, como homicidio o lesiones por accidentes de tránsito.
En entrevista, la fiscal explicó que cada vez que un taxi se ve involucrado en un hecho posiblemente constitutivo de delito, la Fiscalía da aviso inmediato a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), a fin de que se realicen los procedimientos administrativos correspondientes, como revisiones de concesiones o posibles sanciones.
Lo anterior se da en el contexto de declaraciones recientes de la SCT, que señaló que la Fiscalía le habría requerido información de al menos cinco taxistas por irregularidades o por la posible comisión de delitos. Al respecto, García Cázarez precisó que existe una comunicación constante y coordinación institucional entre ambas dependencias.
“Cuando hay la intervención de algún taxi, nosotros damos aviso inmediatamente a la Secretaría de Comunicaciones para los fines administrativos a que haya lugar”, señaló la fiscal, al aclarar que los requerimientos no se limitan únicamente a esos cinco casos, sino a todos aquellos en los que exista una investigación en curso.
Sobre el tipo de delitos en los que se han visto involucrados los conductores del servicio público, la titular de la Fiscalía detalló que la mayoría corresponden a delitos culposos, aunque también se han registrado algunos casos en los que taxistas han sido señalados por robos u otros delitos menores.
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“No hay un número considerable”, puntualizó García Cázarez, al subrayar que se trata de casos aislados y no de una problemática generalizada dentro del gremio.
Finalmente, indicó que de los taxistas investigados, alrededor de cinco fueron vinculados a proceso durante el año pasado, tanto por delitos culposos como, en menor medida, por delitos de carácter intencional, reiterando que cada caso se analiza de manera individual conforme a la ley.
