Se valora establecer como requisito que las y los aspirantes presenten certificaciones y pruebas de control y confianza que acrediten su probidad y ausencia de nexos con grupos delictivos
Emanuel Landeros
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“Quien aspire a una candidatura debe acreditar que no tiene señalamientos ni vínculos con la delincuencia organizada; el que nada debe, nada teme”, así opinó el titular de la Secretaría General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, al confirmar que dentro de una eventual reforma político-electoral en San Luis Potosí estaría en análisis la incorporación de filtros formales.
Explicó que, dentro de los trabajos preliminares para una nueva adecuación al marco electoral, se valora establecer como requisito que las y los aspirantes, en especial a alcaldías, presenten certificaciones y aprueben pruebas de control y confianza que acrediten su probidad y ausencia de nexos con grupos delictivos.
El funcionario estatal detalló que “una disposición de este tipo exige un análisis jurídico minucioso, particularmente en el ámbito constitucional, debido a que podría generar interpretaciones relacionadas con derechos fundamentales”, aclaró que el debate debe involucrar voluntad política y responsabilidad institucional para fortalecer los procesos democráticos.
Agregó que el Gobierno del Estado mantiene una postura propositiva frente a los fenómenos políticos y sociales, y revisa el marco normativo cuando detecta áreas susceptibles de mejora, “el objetivo central consiste en blindar las candidaturas y otorgar mayor certeza a la ciudadanía respecto a quienes buscan un cargo de elección popular”.
El encargado de la política interna en el estado refrendó lo dicho por el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, en el sentido de que “en San Luis Potosí no se han presentado casos de esa naturaleza, pero existen antecedentes en otras entidades que evidencian la necesidad de revisar los mecanismos de selección”. Tal es el caso de un alcalde en Tequila, Jalisco, detenido junto con otros funcionarios tras detectarse vínculos con un grupo delictivo, situación que obliga a reflexionar sobre la pertinencia de reforzar filtros legales.
Finalmente, Torres Sánchez adelantó que la próxima semana se desarrollará una plenaria de Seguridad Estatal con la participación de autoridades federales y los 59 presidentes municipales, encuentro en el que revisarán el estatus en la materia, los principales desafíos y las acciones para fortalecer la estrategia de combate al crimen organizado y la presencia territorial institucional.
