Baja California aparece como el Congreso más caro del país, Colima como el más barato y San Luis Potosí se ubica en la media nacional, según comparativo presentado por Sheinbaum
Emanuel Landeros
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Cada diputado del Congreso del Estado de San Luis Potosí representa un costo de 12 millones 100 mil pesos, de acuerdo con el comparativo nacional presentado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la conferencia matutina en la que expuso el gasto de los Poderes Legislativos estatales.
En ese recuadro, Baja California aparece en el primer lugar nacional como el Congreso local con mayor costo por legislador, mientras que Colima se ubica en el último sitio con el menor gasto; dentro de esa medición, San Luis Potosí se coloca en la media del país en cuanto a recursos destinados por diputado.
La exposición de estos datos formó parte de la argumentación del gobierno federal en torno a la reforma electoral, particularmente del llamado Plan B que será enviado el próximo lunes 16 de marzo, con el que se busca reducir privilegios en Congresos locales y municipios, además de fijar topes a los recursos públicos que reciben esas estructuras.
La presidenta sostuvo que la intención central de esta nueva propuesta es disminuir gastos que todavía persisten en espacios del poder público y redirigir esos recursos hacia los estados y municipios. Afirmó que la reforma también pretende fortalecer mecanismos de participación ciudadana, como la consulta popular.
“Esencialmente, Plan B: disminuir los privilegios y fortalecer la decisión de la gente, la participación popular”, señaló Sheinbaum al explicar el nuevo planteamiento, luego de que la primera iniciativa de reforma electoral no alcanzó la mayoría calificada necesaria para avanzar en el Congreso de la Unión.
En el caso de San Luis Potosí, el dato de 12.1 millones de pesos por diputado coloca al Congreso local en un rango intermedio respecto al resto del país, lejos de los montos más elevados, pero también por encima de las entidades con menor costo legislativo.
La mandataria federal precisó que ese cálculo no significa que todo el presupuesto se destine de manera directa a los legisladores, ya que dentro del gasto de cada Congreso estatal también se consideran salarios del personal, estructura administrativa, operación interna y compromisos laborales propios del Poder Legislativo.
Como parte de la exposición, Sheinbaum insistió en que el objetivo no es debilitar a los congresos, sino revisar el tamaño del gasto público que todavía absorben las estructuras políticas, en un contexto nacional donde, dijo, la población ha cuestionado de manera reiterada el nivel de recursos que reciben partidos e instituciones electorales.
El gobierno federal estima que la reducción de privilegios y el establecimiento de límites al financiamiento de estas estructuras podría representar un ahorro aproximado de cuatro mil millones de pesos a nivel nacional. Esos recursos, según lo planteado por la presidenta, no serían absorbidos por la federación, sino que permanecerían en las entidades y municipios para destinarlos a necesidades locales.
La presentación del costo por diputado en los Congresos estatales reabrió la discusión sobre el tamaño, operación y gasto de los Poderes Legislativos locales, un debate que ahora tendrá repercusión en San Luis Potosí tras aparecer la entidad dentro del parámetro nacional exhibido por la titular del Ejecutivo federal.
