Padres de las víctimas han pedido que también se investigue a funcionarios estatales y municipales que serían responsables del accidente por omisión en el cumplimiento de sus responsabilidades o corrupción
Mayra Tristán
Resulta preocupante que a más de un año del accidente fatal en el RICH, no se ha llamado a declarar a ningún servidor público ni hay avances visibles en esa línea, pese a que existen pruebas claras en la carpeta que obligan a actuar, advierten los padres de "Roy", uno de los dos jóvenes que perdieron la vida en el accidente.
El 7 de junio de 2024 se desprendió un barandal de vidrio templado en la plaza Alttus, lo que provocó la caída de una decena de jóvenes que esperaban ingresar al antro RICH, dos de ellos perdieron la vida; el accidente derivó en la detención de tres personas encargadas de la administración del antro, mismas que se encuentran bajo proceso.
Sin embargo, padres de las víctimas han pedido que también se investigue a funcionarios estatales y municipales que serían responsables del accidente por omisión en el cumplimiento de sus responsabilidades o corrupción. En ese sentido, Rodrigo Espinosa Martínez y Dayana Sarahí Alonso, entregaron este viernes una carta a la Fiscal General del Estado, en donde le solicitan informar qué acciones ha realizado la dependencia a su cargo para investigar y proceder contra los servidores públicos involucrados en los hechos.
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Y es que en la carpeta de investigación se encuentra incluído el informe de la Contraloría Interna del Ayuntamiento capitalino "donde se determinó la responsabilidad de varios servidores públicos en lo ocurrido. Esto deja claro que no hablamos solo de errores de particulares, sino de omisiones graves de autoridades que tenían la obligación de vigilar y actuar, por lo que es indispensable abrir líneas de investigación penal".
Aunque la Contraloría General del estado no ha entregado el informe de la supuesta investigación realizada por dicho organismo en contra de funcionarios estatales, señalan que "es evidente que los hechos no pudieron ocurrir sin la intervención activa o la omisión de servidores públicos en distintos niveles de gobierno".
Advierten que el homicidio es un delito que se persigue por oficio, por lo que la Fiscalía está obligada a continuar la investigación en todas sus vertientes, y la falta de acciones en torno a los funcionarios estatales y municipales "no sólo es injustificable, sino que envía un mensaje alarmante sobre la impunidad". Y es que la Fiscalía ya se prepara para iniciar el juicio oral este mes, pero hasta ahora no ha incluido a servidores públicos en la investigación.
