El titular Mauricio Ordaz Flores informó que las atenciones se debieron principalmente a descompensaciones por calor, deshidratación y falta de medicamentos.
El titular Alejandro Polanco destacó que los cursos buscan preparar a la ciudadanía con herramientas prácticas para actuar ante riesgos y salvar vidas.
El Congreso local aprobó un exhorto promovido por Diana Ruelas Gaitán para reforzar la atención a personas en riesgo de abandono, violencia o vulnerabilidad.
El subsistema busca evitar la intervención de intermediarios como revisores, editores e impresores externos / Nahum Delgado / El Sol de San Luis
El director general del sistema Colegio de Bachilleres en San Luis Potosí, COBACH, Ricardo Daniel Centeno Trejo, informó que la institución ha obtenido resoluciones en distintos procesos de revisión relacionados con la adquisición de materiales educativos, particularmente libros de texto, aunque reconoció que el tema resulta complejo y genera cuestionamientos legítimos sobre los costos manejados en administraciones anteriores. Lamentó que por falta de pruebas no se ha llegado a detener a nadie señalado de anteriores gestiones.
Explicó que, de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, es posible que proveedores participen mediante cotizaciones y respalden sus entregas con facturas y productos físicos, lo que en términos legales dificulta que se pueda proceder en su contra, aun cuando existan sospechas sobre posibles irregularidades. Apuntó que, mientras los procedimientos estén debidamente cumplidos y documentados conforme a la normativa, no existen elementos sólidos para judicializar los casos.
No obstante, el director general reconoció que, al revisar los esquemas de adquisición de libros utilizados en años previos, surgen inconsistencias que llaman la atención, pues actualmente los estudiantes de primer a quinto semestre reciben entre nueve y doce libros, incluyendo un material externo de Cambridge, a un costo significativamente menor que el que se pagaba antes, cuando se entregaban solo cuatro o cinco libros. Esta diferencia en precios, dijo, genera dudas razonables sobre por qué anteriormente se pagaba un monto igual o incluso mayor por un menor número de materiales.
A pesar de estas diferencias evidentes, aclaró que las denuncias presentadas no prosperaron, ya que al final se comprobó que los procesos se llevaron a cabo conforme a lo establecido en la ley. En consecuencia, las resoluciones emitidas determinaron que los proveedores cumplieron con los requisitos legales, lo que impidió obtener fallos favorables para fincar responsabilidades.
Ante este escenario, la actual administración del Colegio de Bachilleres ha optado por modificar el modelo de producción de los materiales educativos. El funcionario estatal, destacó que se está fortaleciendo el trabajo interno para que sea la propia área académica del subsistema la encargada de elaborar los libros, evitando la intervención de múltiples intermediarios como revisores, editores e impresores externos, que anteriormente encarecían el proceso y dificultaban el control de costos.
Subrayó que el organismo cuenta con una dirección académica integrada por docentes profesionales capacitados para desarrollar contenidos de calidad. En el caso específico del área de inglés, explicó que los propios maestros del sistema participan como colaboradores en la elaboración de los materiales en conjunto con Cambridge, lo que no solo ha permitido reducir costos, sino también elevar la pertinencia académica de los contenidos. Estos materiales, añadió, no solo se utilizan dentro, sino que forman parte de un proyecto que beneficia a otras instituciones educativas.
Las diferencias de precios entre los esquemas anteriores y los actuales “mueven el piso” y obligan a cuestionar decisiones pasadas, sobre todo cuando se observa que libros que antes costaban alrededor de 350 pesos hoy pueden adquirirse en aproximadamente 145 pesos, incluso considerando el impacto de la inflación y el incremento en los costos de producción.
Finalmente, enfatizó que, aunque las sospechas existieron y se actuó conforme a la ley, la prioridad de la actual administración es garantizar transparencia, eficiencia en el uso de los recursos públicos y mejores condiciones para los estudiantes. Aseguró que el nuevo enfoque en la producción y adquisición de materiales educativos representa un avance importante para la institución educativa y un beneficio directo para la comunidad estudiantil.