A través de una carta abierta, los consejeros expresaron su inconformidad y enfatizaron que la administración y ejecución de dichos recursos debe estar en manos de las comunidades indígenas
Patricia Calvillo
Consejeros del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas en San Luis Potosí emitieron un fuerte pronunciamiento exigiendo al delegado de los programas del Bienestar en la entidad, Guillermo Morales López, que respete el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.
Esta exigencia se da en el contexto de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), tras conocer que el funcionario federal había convocado a los presidentes municipales a participar en una jornada de capacitación sobre el fondo, con el objetivo de garantizar la correcta planeación, operación y verificación de los proyectos financiados con estos recursos.
A través de una carta abierta, los consejeros expresaron su inconformidad, señalando que, aunque consideran positiva la realización de capacitaciones, no permitirán que los presidentes municipales intervengan en la toma de decisiones relacionadas con la asignación y aplicación de los recursos para las comunidades indígenas.
Los firmantes de la misiva fueron Angelina Reyes Hernández, representante Nahua; Cenorina Bernal Fernández, representante Tének; Hermelinda Vázquez Bautista, también Nahua; y Rafael Reyes Martínez, representante Tének.
“Le pedimos que en la ejecución del FAIS se respete el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, de conformidad a nuestros sistemas normativos y con base en nuestras formas de organización económica, social y cultural. No permitiremos la intromisión de presidentes municipales en la definición de nuestras decisiones para la aplicación de los recursos que nos asignará el gobierno federal”.
Aclararon que son plenamente conscientes de que los recursos del FAIS están destinados exclusivamente para la financiación de obras y acciones sociales básicas, así como inversiones que beneficien directamente a la población en situación de pobreza extrema y localidades con alto grado o muy alto nivel de rezago social. Sin embargo, enfatizaron que la administración y ejecución de dichos recursos debe estar en manos de las comunidades indígenas, en lugar de ser gestionados por autoridades municipales que, según los consejeros, no representan las formas de organización y la autonomía de estos pueblos.
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“Consideramos pertinente que se observen los criterios emitidos por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, (INPI), para la implementación y seguimiento del FAIS, así como las opiniones de mejora. Este instituto es la entidad normativa en la materia indígena, por lo que debe privilegiarse lo que determinen las propias comunidades en la implementación, administración, seguimiento y comprobación de las obras realizadas con estos recursos”.
Dejaron claro que no permitirán que las decisiones sobre el uso de los fondos sean tomadas sin la participación activa de las comunidades indígenas, que deben ser quienes definan cómo se aplicarán los recursos en función de sus propias necesidades y de acuerdo con sus sistemas de organización y normatividad interna.
