Congreso potosino prepara consulta ciudadana sobre castración química
“Esta Legislatura deberá hacerse cargo. Vamos a estar muy pendientes junto con la Comisión de Derechos Humanos, que es la responsable y la de Educación”
“Esta Legislatura deberá hacerse cargo. Vamos a estar muy pendientes junto con la Comisión de Derechos Humanos, que es la responsable y la de Educación”

Raymundo Rocha
El Congreso del Estado atenderá las controversias constitucionales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación heredadas por la anterior Legislatura, que implican consultas a personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, informó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales diputado Carlos Arreola Mallol.
Una de ellas se promueve en materia de educación de personas con discapacidad, “hubo algunas reformas en la Legislatura pasada, en la Ley de Educación, que debieron someterse a consulta según la sentencia de la Corte y estamos obligados a llevarla a cabo, como parte de la responsabilidad que tenemos”.
“Nos heredó a esta Legislatura la responsabilidad y con todo deber vamos a cumplir. Ya se consideró en este nuevo presupuesto, no lo consideró la Legislatura pasada para su presupuesto, y está así, lo tenemos que llevar a cabo en este año, debe cumplirse con la sentencia que obliga a llevar a cabo consulta en esta materia”.
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El legislador Arreola Mallol afirmó que “estamos viendo junto con la Junta de Coordinación Política y la Presidencia del Congreso, fechas y empates para que se haga todo el proceso completo. Una consulta que cumpla con los requisitos debidos, lleva su tiempo, se trabaja con meses previos y con una metodología muy particular”.
“Esta Legislatura deberá hacerse cargo. Vamos a estar muy pendientes junto con la Comisión de Derechos Humanos, que es la responsable y la de Educación”.
Las consultas que se deben llevar a cabo son las referentes a iniciativas por la castración química, la Ley de Movilidad, la propia Ley de Consulta, la Ley Electoral y las que se presenten que afecten de cualquier manera a las personas con discapacidad y pueblos y comunidades indígenas.