Denuncian violencia laboral y otras anomalías en la primaria Genoveva Rivas Guillén

Los padres afirman que la directora no cuenta con la preparación necesaria para ocupar el cargo; además, la acusan de fomentar un ambiente hostil dentro del plantel

Alejandra Ruiz

Inconformes con la administración de la escuela primaria General Genoveva Rivas Guillén, un grupo de padres de familia ha solicitado la intervención de las autoridades para auditar la gestión de la directora María Magdalena Mendoza Vega, a quien acusan de diversas irregularidades que afectan tanto a estudiantes como a maestros.

Los padres afirman que la directora no cuenta con la preparación necesaria para ocupar el cargo, ya que su formación profesional no corresponde al ámbito educativo. Además, la acusan de fomentar un ambiente hostil dentro del plantel, orillando a los maestros a pedir su reubicación mediante amenazas y maltrato laboral.

“Los maestros se van porque ya no aguantan la presión. Los que quedan prefieren mantenerse callados por miedo a represalias. Esto ha provocado un constante cambio de profesores, lo que afecta directamente el aprendizaje de nuestros hijos”, expresó uno de los padres.

La situación dentro del plantel también preocupa debido a la falta de un calendario escolar estable. Según denuncian los tutores, las clases se suspenden frecuentemente por pretextos como festivales, limpieza del plantel o reuniones improvisadas, afectando la continuidad educativa.

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Los inconformes han solicitado una auditoría para revisar no solo la capacidad de la directora para ejercer su puesto, sino también el manejo de los recursos de la escuela. Aseguran que no existe una cuota de cooperación establecida y que los fondos se obtienen de la venta de productos poco saludables durante eventos escolares, lo cual contradice los lineamientos educativos actuales.

“Queremos respuestas. ¿Por qué no hay supervisión de las autoridades? ¿Por qué permiten que personas sin preparación estén a cargo de la educación de nuestros hijos?”, cuestionó un padre de familia.

Los afectados exigen que la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) tome cartas en el asunto y garantice una administración adecuada, transparente y en beneficio de los alumnos.