El diagnóstico señala que las omisiones han sido una constante en los distintos niveles de autoridad; la falta de respuesta, la negligencia y la violencia institucional forman parte de las experiencias documentadas
La organización Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac) presentó el diagnóstico Informar y Defender Derechos en SLP: Entre Simulación, Avances y Riesgos, un análisis integral que revisa la política estatal de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos durante la última década, de 2013 a 2023. El documento expone que, aunque el estado ha cumplido formalmente con la creación de leyes e instituciones desde la promulgación de la primera Ley Estatal de Protección en 2013, las medidas no han logrado traducirse en garantías reales para quienes ejercen estas labores. La cotidianidad sigue marcada por un entorno hostil, donde persisten amenazas, agresiones y riesgos, especialmente cuando el trabajo periodístico o de defensa toca intereses de grupos de poder.
El diagnóstico señala que las omisiones gubernamentales han sido una constante en los distintos niveles de autoridad. La falta de respuesta, la negligencia y, en algunos casos, la violencia institucional forman parte de las experiencias documentadas por periodistas y defensores en el estado. Uno de los casos más emblemáticos es el del fotoperiodista Édgar Daniel Esqueda Castro, víctima de desaparición forzada y homicidio en 2017. A más de seis años del crimen, la impunidad permanece intacta: no existen personas detenidas, procesadas ni sentenciadas, y la investigación presentó irregularidades graves, entre ellas la omisión de considerar su labor periodística como un elemento central para la teoría del caso.
El informe también recoge testimonios que revelan condiciones laborales precarias, contratos inestables y la ausencia de respaldo institucional cuando se enfrentan amenazas. Para muchos, denunciar una agresión puede convertirse en un riesgo adicional: además de la posibilidad de represalias, existe el temor a ser vetados profesionalmente. En ese contexto, Educiac subraya que la política estatal de protección sigue siendo insuficiente y —en algunos casos— meramente simulada.
Con base en este panorama, la organización plantea una serie de recomendaciones para fortalecer de manera integral la política de protección en las cuatro regiones del estado. Entre las prioridades se incluye que el estado reconozca formalmente a periodistas y personas defensoras sin estigmatización, lo que implicaría adecuaciones legales y la creación de protocolos diferenciados. También propone desarrollar lineamientos claros para cobertura segura, acompañados de capacitación jurídica y de autoprotección con enfoques interseccionales y territoriales.
Asimismo, el diagnóstico destaca la necesidad de mecanismos de protección accesibles y efectivos tanto a nivel estatal como federal, con personal capacitado y procedimientos que eviten la revictimización. Finalmente, Educiac llama a regular la asignación de publicidad oficial para impedir que se utilice como instrumento de censura o control editorial, con el fin de garantizar un entorno de libertad y seguridad para quienes informan y defienden derechos en San Luis Potosí.
