Aprueban Ley de Amnistía e Indulto en el Congreso de San Luis Potosí

En el ámbito local, tanto la amnistía y el indulto procede solamente respecto a delitos cometidos dentro del fuero común, y es una facultad exclusiva del Poder Legislativo, sin la intervención del Gobernador del Estado

Diputados — / Juana María Olivo / El Sol de SanLuis

Raymundo Rocha

Por unanimidad, el pleno del Congreso del Estado expidió la Ley de Amnistía e Indulto del Estado de San Luis Potosí, que podrá ser otorgada, la primera, por el Poder Legislativo y la segunda, por el Poder Ejecutivo a través de una Comisión Interdisciplinaria que será integrada para ese fin; se abrirá un plazo de 180 dias para expedir la Ley Reglamentaria.

Las iniciativas fueron presentadas en diversas fechas por el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno; el diputado Rubén Guajardo Barrera; el ex diputado Juan Francisco Aguilar Hernández y el ex diputado Alejandro Leal Tovías así como Sanjuana Maldonado Amaya, que fue beneficiaria del indulto promovido por el ejecutivo estatal.

En San Luis Potosí, ambas instituciones de derecho, como causas de extinción de la acción penal, y de la facultad para ejecutar las penas y medidas de seguridad, se encuentran en el ámbito de competencia del Poder Legislativo del Estado, pero solo en el ámbito de los delitos del fuero común. Se trata de instituciones que plantean una alta exigencia en tal sentido y, de no satisfacerse, comprometen gravemente la legitimidad del aparato estatal.

Un indulto o una amnistía poco justificada serán manifestaciones de un uso arbitrario del poder de excepción; es decir, una excepción justificada arriesga a ser percibida como un abuso de una atribución de los poderes públicos para beneficiar a personas estratégicas a ciertos intereses, no necesariamente generales.

Actualmente, en el ámbito local, tanto la amnistía y el indulto procede solamente respecto a delitos cometidos dentro del fuero común, y es una facultad exclusiva del Poder Legislativo, sin la intervención del Gobernador del Estado.

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El indulto y la amnistía son instituciones que confrontan el deber de investigar la verdad sobre los hechos e imponer un castigo a aquellas personas que han dañado los bienes jurídicos de otras. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, están depositados en diferentes órganos, teniendo una razón puramente práctica: limitar la tentación de abusar del poder, el cual implicaría un peligro potencial en aquellos en cuya persona se reuniesen las dos funciones (expedir leyes y ejecutar las que han sido hechas) y, en consecuencia, llegar a tener un interés distinto del resto de la comunidad; contrario a los fines de la sociedad y del Estado.

Con base en los principios democráticos del Estado, la división de facultades en el ejercicio del poder, y los pesos y contrapesos necesarios en la toma de decisiones, las atribuciones para conceder amnistías e indultos en los casos de delitos del fuero común cometidos en el Estado, el objetivo del Decreto es armonizar el texto local con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal suerte que la facultad para conceder amnistías por delitos del fuero común se conservará en el ámbito de la competencia del Poder Legislativo del Estado, igual que como sucede en el ámbito federal que es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión.

Por lo que hace el indulto por delitos del fuero común, la reforma constitucional en trato dispone que esta facultad pasará al ámbito de la competencia del Poder Ejecutivo del Estado, de tal suerte que será este quien pueda conceder dicha gracia, a través de una Comisión Interdisciplinaria creada para tal efecto, en términos de la Ley en la materia que en su momento se expida.