Educación sexual y acceso a anticonceptivos desigual para zonas rurales de SLP

En 2023, el programa EDUSEX alcanzó solo el 43.1% de cobertura en los municipios prioritarios, dejando al 56.9% de las comunidades sin acceso a estrategias de salud sexual y reproductiva.

Alejandra Ruiz y Patricia Calvillo

San Luis Potosí enfrenta un panorama crítico en la implementación de una Educación Sexual Integral (ESI), a pesar de los compromisos legales y los avances en políticas públicas. Los datos oficiales dispuestos en la plataforma nacional de transparencia por parte de la Dirección de Salud Pública, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y las observaciones de la asociación civil Organización para Chicas revelan una alarmante desigualdad entre zonas urbanas y rurales, además de un rezago estructural en la prevención del embarazo adolescente y la atención a la violencia sexual.

Educación Sexual Integral: El Dilema de la Desigualdad

La implementación de la ESI, contemplada en los planes de estudio oficiales, es deficiente y desigual en San Luis Potosí. Según Gabriela Silva, abogada e integrante de Organización para Chicas, las zonas rurales e indígenas enfrentan una falta casi absoluta de educación sexual, mientras que en áreas urbanas su aplicación depende del interés de cada escuela y docente. Esta situación se agrava por barreras culturales y religiosas que frenan la enseñanza.

De acuerdo con datos proporcionados por la Subdirección De Salud Reproductiva y Atención a la Infancia y Adolescencia y su departamento de salud reproductiva, San Luis Potosí ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en embarazos adolescentes, con Soledad de Graciano Sánchez liderando en incidencia.

“Esta desigualdad en la implementación refleja que miles de jóvenes crecen sin acceso a información básica para tomar decisiones responsables sobre su salud sexual y reproductiva. Las consecuencias están a la vista: embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y violencia de género”, afirma Silva.

Zonas rurales e indígenas: Las más vulnerables

En comunidades de la Huasteca Potosina, la falta de recursos e información afecta profundamente el acceso de las jóvenes a métodos anticonceptivos y productos menstruales. Según el informe 2023 de la Subdirección de Salud Reproductiva y Atención a la Infancia y Adolescencia y el Departamento de Salud Reproductiva, hasta ese año San Luis contaba con 68 Servicios Amigables distribuidos en 45 municipios para atender temas de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, el programa EDUSEX, diseñado para comunidades prioritarias, apenas logró una cobertura del 43.1% de los municipios en el mismo año, dejando al 56.9% restante sin acceso a estas estrategias.

Silva señala que los anticonceptivos gratuitos, en teoría disponibles en centros de salud estatales, no llegan de manera regular a comunidades marginadas. “Las barreras económicas y geográficas hacen que estos servicios sean inalcanzables. No se trata solo de anticonceptivos, sino también de productos básicos para una menstruación digna, un derecho que las mujeres de estas comunidades aún no pueden ejercer plenamente”.

La deuda legislativa

Aunque en 2023 el Congreso local aprobó reformas a la Ley de Salud para incluir la educación sexual para que la educación sexual sea parte del proceso curricular de enseñanza y aprendizaje de niñas, niños y adolescentes acerca de lo aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad, así como la menstruación digna, estas no se han integrado a la Ley de Educación del Estado, ni acompañando la reforma a los artículos 6, 14, y adiciones al artículo 4 de la Ley de Salud del Estado, ni en reformas posteriores para darle un mayor alcance.

La falta de armonización legislativa impide que las políticas públicas lleguen de manera efectiva a las escuelas.

“Se ha logrado avanzar en incluir una perspectiva de género en los planes de estudio, pero el concepto de ESI en San Luis Potosí sigue siendo limitado y no cumple con estándares internacionales ni con los compromisos adquiridos en tratados como los de la UNESCO”, enfatiza Silva.

Protocolos de atención: insuficientes y opacos

Desde 2019, la SEGE implementó el Protocolo General de Actuación para atender casos de violencia sexual y abuso en planteles educativos como programa para atender las áreas de oportunidad de la ESI. Sin embargo, un análisis de Unidad para la Igualdad de Género y su protocolo ser actuación dispuesto en la Plataforma Nacional de Transparencia evidencia que entre 2018 y 2023 no se generaron estadísticas sobre casos atendidos, ni se documentaron sanciones o resultados derivados del protocolo.

En 2024, la SEGE organizó capacitaciones como el Taller de Prevención de Maltrato y Abuso Sexual Infantil, con 206 participantes, y un taller sobre Hostigamiento y Acoso Sexual, con 88 asistentes. Sin embargo, estas cifras representan menos del 2% de los más de 16,000 docentes en el estado.

En cuanto a atención psicológica, los datos oficiales reportan que hay solo 161 psicólogos y 66 trabajadores sociales para atender a más de 600,000 estudiantes de educación básica, lo que resulta insuficiente para abordar casos de violencia y abuso sexual en escuelas.

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El embarazo adolescente en cifras

De acuerdo con la Dirección de Salud Pública, y su cifra más actualizada, San Luis Potosí registró 4,129 nacimientos en adolescentes durante 2023, con una tasa estatal de fecundidad adolescente de 32.79, por encima del promedio nacional de 33.40.

Los municipios con mayor incidencia son San Luis Potosí capital: 1,039 nacimientos. Soledad de Graciano Sánchez: 359 nacimientos. Tamazunchale: 250 nacimientos. Y Santa Catarina lidera en tasa específica de fecundidad, con un preocupante 80.26 por cada 1,000 adolescentes de entre 15 y 19 años.

Estos datos reflejan según Gabriela Silva, disparidades regionales y confirman que los programas existentes, como los Servicios Amigables, no están logrando llegar de manera equitativa a toda la población adolescente.

Educación sexual como prioridad urgente

A pesar de los esfuerzos institucionales, los datos oficiales y las observaciones de expertos evidencian que San Luis Potosí enfrenta serios desafíos para garantizar una educación sexual integral y equitativa.

Ante este panorama, Gabriela Silva señala que se debe Garantizar que la Ley de Educación refleje los avances de la Ley de Salud y los compromisos internacionales. Formar al magisterio con perspectiva de género y herramientas para superar resistencias culturales. Ampliar la cobertura de los Servicios Amigables y campañas educativas a comunidades rurales e indígenas y publicar estadísticas claras sobre los resultados de los protocolos de atención a la violencia y los programas de educación sexual.

“San Luis Potosí tiene la oportunidad de ser un referente en el avance de los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, para lograrlo, es fundamental superar las barreras estructurales y culturales que perpetúan la desigualdad y los riesgos en la población adolescente”.

Esfuerzos Institucionales: Planificación familiar y acceso a anticonceptivos

A pesar de las carencias señaladas en las zonas rurales e indígenas, la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado asegura que existen esfuerzos significativos para proporcionar acceso a métodos anticonceptivos.

En 2024, dentro del Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción, se realizaron 52,301 consultas de planificación familiar en unidades de salud de todo el estado. Estos servicios impactaron a 91,096 usuarias activas, a quienes se entregaron 408,632 métodos anticonceptivos, incluyendo opciones hormonales orales, inyectables, implantes subdérmicos, parches dérmicos y preservativos.

Además, se llevaron a cabo jornadas de vasectomía sin bisturí, beneficiando a 317 hombres, y ferias de salud que incluyeron campañas informativas en universidades, así como sesiones de orientación y consejería en unidades médicas. Según la Secretaría de Salud, estos esfuerzos buscan reducir los embarazos adolescentes, los abortos no seguros y los riesgos de muerte materna y perinatal, proporcionando servicios gratuitos a personas sin derechohabiencia.

Aunque estas cifras reflejan avances en la oferta de anticonceptivos modernos, especialistas como Gabriela Silva advierten que las barreras económicas y geográficas persisten, particularmente en comunidades marginadas, donde los métodos anticonceptivos no siempre llegan con regularidad.

La implementación desigual de estos servicios refuerza la brecha entre zonas urbanas y rurales, lo que dificulta el cumplimiento de los objetivos de prevención y educación sexual en todo el estado.