En 30 años se han dictado solo 8 sentencias por delitos ambientales en SLP

De enero de 1996 a abril de 2025 se registraron 63 ingresos penitenciarios relacionados con conductas ilícitas contra el medio ambiente y la biodiversidad

Alejandra Ruiz

En casi tres décadas, el estado de San Luis Potosí ha procesado a 55 personas por delitos ambientales, pero solo ocho casos han concluido con una sentencia, reveló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado a través de su Unidad de Transparencia.

La información, disponible mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, permite observar un panorama poco difundido sobre la judicialización de este tipo de delitos. De enero de 1996 a abril de 2025 se registraron 63 ingresos penitenciarios relacionados con conductas ilícitas contra el medio ambiente y la biodiversidad. Sin embargo, estos ingresos no siempre representan condenas cumplidas, ya que algunas personas fueron liberadas sin sentencia o recibieron beneficios judiciales.

De ese total, 55 personas fueron formalmente procesadas por delitos ambientales, y solo ocho de esos procesos concluyeron con una sentencia judicial. Es importante aclarar que no todas estas sentencias implicaron prisión: algunas personas compurgaron penas de corta duración, mientras que otras obtuvieron acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso u otras formas legales que evitaron su reclusión.

Entre los delitos perseguidos se encuentran la posesión y transporte de fauna silvestre con fines comerciales, tala ilegal, cambio de uso de suelo forestal, así como el traslado de sustancias peligrosas como ácido sulfúrico. También se documentaron casos por posesión de mezcalina, principio activo del peyote, considerado parte de la flora terrestre protegida.

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Los registros indican que el sistema judicial ha favorecido medidas no privativas de la libertad. De las 63 personas ingresadas a centros penitenciarios, 29 fueron liberadas bajo fianza, principalmente por delitos como tala ilegal o posesión de fauna. 18 obtuvieron auto de libertad, en su mayoría por infracciones al artículo 186 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Seis personas accedieron a beneficios como la suspensión condicional del proceso o la conmutación de penas.

Solo dos personas compurgaron su sentencia en prisión, con un promedio de reclusión de 165 días. Además, dos más obtuvieron libertad bajo caución y una persona fue absuelta.

Estas cifras reflejan una marcada tendencia a resolver los delitos ambientales mediante medidas distintas a la reclusión, incluso en casos graves. Aunque las autoridades estatales aseguran que trabajan en fortalecer sus capacidades para combatir el deterioro ecológico, los mecanismos judiciales actuales muestran limitaciones para castigar de manera efectiva estas conductas.