Ambos casos se encuentran en etapa de investigación; son casos relacionados con obras públicas sin comprobar y facturación irregular
La Fiscal General del Estado, María Manuela García Cázares, confirmó que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) presentó dos denuncias penales contra funcionarios municipales de la capital potosina, mismas que ya fueron turnadas a la Fiscalía General del Estado desde la semana pasada.
De acuerdo con la funcionaria, ambos casos se encuentran en etapa de investigación y, por ello, no se han revelado mayores detalles sobre los hechos denunciados ni sobre los nombres de los servidores públicos señalados. “Todas ellas están en etapa de investigación. Seguimos trabajando en ellas”, afirmó, al recalcar que la labor de la Fiscalía es determinar si los señalamientos configuran un delito y quiénes serían los responsables.
El IFSE, órgano técnico del Congreso del Estado encargado de revisar la correcta aplicación de los recursos públicos, ha detectado en sus auditorías diversas irregularidades en la administración de la capital potosina. Entre los señalamientos más graves destacan obras públicas sin comprobar, facturación irregular y contratación de empresas que no cumplen con los requisitos legales. Estas anomalías motivaron la presentación de las denuncias que ahora revisa la Fiscalía.
García Cázares subrayó la importancia de que el IFSE cumpla con su papel de detectar y documentar irregularidades, mientras que la Fiscalía se encarga de establecer si dichas conductas constituyen responsabilidades penales. “El Instituto Fiscalizador, luego de detectar anomalías, las hace del conocimiento de la Fiscalía, y la Fiscalía tiene el deber de establecer si hay un hecho delictivo y, sobre todo, quiénes son los probables responsables”, explicó.
En cuanto a denuncias previas también presentadas por el órgano fiscalizador, la fiscal señaló que todas se encuentran en proceso de integración. Aunque no detalló cuántos expedientes han ingresado en total, insistió en que cada caso requiere tiempo para la recolección de pruebas, peritajes y análisis que permitan sustentar una judicialización.
El IFSE reportó que tan solo en la revisión de cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2023 se detectaron irregularidades que superan los 600 millones de pesos en diferentes dependencias y entidades municipales y estatales. El caso de la capital potosina es uno de los más relevantes debido al volumen de observaciones y al impacto que tendría en el uso de recursos públicos destinados a obras y servicios.
Por ahora, los procesos contra los funcionarios municipales se mantienen en etapa de investigación, sin que se hayan anunciado imputaciones formales. La expectativa ciudadana apunta a que las autoridades actúen con transparencia y firmeza para que las denuncias no queden en archivo, sino que se traduzcan en sanciones ejemplares en caso de confirmarse los actos de corrupción.
