Fracking amenaza tejido social y recursos naturales de la Huasteca potosina: comunidades indígenas
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es el impacto que tendría la técnica sobre el agua, un recurso fundamental para la vida y la economía de la región
Ante este panorama, han determinado no otorgar su consentimiento al plan estratégico que contempla la explotación de hidrocarburos en la zona ni a cualquier iniciativa que pueda afectar su territorio, su cultura o su entorno natural.
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Comunidades indígenas de la etnia Tének y Náhuatl de la Huasteca potosina levantaron la voz / Cortesía / Observatorio indígena Mesoamericano
Comunidades indígenas de la etnia Tének y Náhuatl de la Huasteca potosina levantaron la voz para manifestar su rechazo a cualquier proyecto de exploración y explotación de petróleo y gas que implique el uso de fracturación hidráulica, conocida como fracking, en la región. A través de un pronunciamiento dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, representantes de esos pueblos advirtieron sobre los riesgos ambientales, sociales y culturales que, aseguran, implicaría la implementación de este tipo de proyectos en su territorio.
El documento fue emitido en los últimos días, desde el municipio de Tancanhuitz de Santos, en la región de la Huasteca Potosina, y está dirigido tanto al gobierno federal como a la opinión pública nacional e internacional. En él, las comunidades expresan su preocupación ante lo que consideran un cambio en el compromiso gubernamental de prohibir la fracturación hidráulica, una técnica utilizada para extraer hidrocarburos de formaciones geológicas complejas.
Los firmantes del pronunciamiento señalan que el fracking consiste en la inyección de fluidos a alta presión para fracturar la roca y liberar gas o petróleo atrapado en el subsuelo, aunque se ha planteado la posibilidad de utilizar sistemas de reciclaje de agua, advierten que la técnica implica riesgos inherentes como la liberación de metano, la posible generación de sismicidad inducida y la producción de residuos tóxicos derivados del proceso.
De acuerdo con las comunidades, el discurso oficial ha planteado la extracción de gas nacional como una estrategia de soberanía energética, sin embargo, sostienen que el desarrollo de yacimientos no convencionales en México depende en gran medida de tecnología, maquinaria y servicios especializados provenientes de empresas extranjeras, principalmente de Estados Unidos, lo que a su juicio mantendría una forma de dependencia tecnológica.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es el impacto que tendría la técnica sobre el agua, un recurso fundamental para la vida y la economía de la región. La Huasteca es conocida por su abundancia de ríos, manantiales y cuerpos de agua, pero los representantes comunitarios advierten que los procesos de extracción requieren grandes volúmenes de agua dulce para iniciar las operaciones.
Según el documento, para la primera etapa de fracturación se necesitarían millones de litros de agua que tendrían que extraerse de ríos o acuíferos locales; además, mencionan que el reciclaje del agua utilizada en el proceso no es completamente eficiente y genera lodos residuales que pueden contener sustancias químicas peligrosas.
Cuestionan la posibilidad de instalar proyectos petroleros en zonas alejadas de la población, como se ha planteado en algunos discursos técnicos. En la región de la Cuenca Tampico-Misantla, existe una alta densidad de comunidades rurales e indígenas, por lo que prácticamente cualquier proyecto estaría cerca de poblaciones agrícolas o de fuentes de agua.
Las comunidades señalan que el proyecto afectaría directamente a 3 mil 268 localidades donde habitan mayoritariamente pueblos indígenas tének y náhuatl / Cortesía / Observatorio indígena Mesoamericano
El impacto potencial de este fenómeno, no se limita al ámbito ambiental. Las comunidades señalan que el proyecto afectaría directamente a 3 mil 268 localidades donde habitan mayoritariamente pueblos indígenas tének y náhuatl, poblaciones que históricamente han enfrentado condiciones de pobreza y marginación.
Consideran que la introducción de proyectos extractivos podría alterar profundamente el tejido social y económico de la región, al afectar actividades tradicionales como la agricultura de pequeña escala y el acceso a recursos naturales de los que dependen numerosas familias.
Otro de los puntos, es el riesgo para los cuerpos de agua existentes en la zona. Según las comunidades, en la región hay al menos 1,019 ríos, manantiales, acuíferos y otros cuerpos hídricos que podrían verse afectados directa o indirectamente por la actividad extractiva.
Además, la alteración del suelo y la posible contaminación podrían desencadenar un proceso de degradación ambiental que afectaría a la biodiversidad local. La Huasteca es considerada una región de gran riqueza biológica, con especies de flora y fauna que forman parte del patrimonio natural del país.
Las comunidades también plantean que avanzar en proyectos de este tipo sin su consentimiento representaría una vulneración a los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución mexicana y en tratados internacionales. Citan el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de manera previa, libre e informada sobre proyectos que puedan afectar sus territorios.
En el pronunciamiento también se afirma que la Huasteca no debe ser considerada una zona de sacrificio para proyectos energéticos y sostienen que se trata de un ecosistema vivo y de un territorio con una historia cultural milenaria que requiere protección y no explotación.
Finalmente, solicitaron formalmente una audiencia directa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el objetivo de establecer un diálogo respetuoso y directo sobre el futuro de la región. Señalan que el desarrollo económico no puede construirse sobre el despojo de territorios indígenas ni sobre la degradación ambiental.
