García Cázares enfatizó que la atención a víctimas y el desarrollo de los procesos penales requieren una coordinación constante entre Fiscalía, Poder Judicial, Comisión Estatal de Derechos Humanos
La fiscal general del estado, Manuela García Cázares, reconoció avances en la coordinación entre la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, aunque subrayó que aún hay áreas que requieren fortalecimiento para garantizar que “todos los dictámenes salgan bien” y se logre una justicia efectiva, especialmente en casos de violencia grave.
Durante entrevista , García Cázares se refirió a la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada apenas el día 14 de septiembre, como un paso importante en la reorganización institucional. “El tema es solamente la organización del Poder Judicial, pero bueno, siempre hemos tenido una buena relación, al igual que con el Legislativo”, afirmó.
Consultada sobre el avance en las sentencias por feminicidio, la fiscal admitió que “tenemos ahorita sí, nada más las mismas”, aunque señaló que ya existen casos con audiencia intermedia celebrada, en espera de juicio oral. Si bien no detalló nuevos fallos por feminicidio, sí mencionó avances en procesos por homicidio doloso y secuestro agravado, como el caso de una joven desaparecida en enero, cuya acusación formal ya fue presentada.
Este panorama se enmarca en cifras recientes del Poder Judicial del Estado, que reporta un total de 871 sentencias dictadas, de las cuales 540 fueron interlocutorias. En materia de protección a víctimas, se otorgaron 941 órdenes de protección y 1,329 medidas de protección en total, lo que representa un cumplimiento del 100% en este rubro. Sin embargo, el volumen de casos en trámite sigue siendo alto: 3,167 asuntos permanecen abiertos, y 758 resoluciones fueron impugnadas o recurridas, de las cuales la mayoría fueron confirmadas, aunque algunas fueron modificadas o revocadas.
En cuanto a delitos penales, los registros del Poder Judicial revelan que en el último periodo se procesaron 17 casos de homicidio doloso, 8 de homicidio calificado, y 29 de homicidio imprudencial, además de múltiples variantes en riña. Aunque no se especifica el número exacto de feminicidios procesados, la fiscalía reconoce que aún hay rezago en esta materia. También se registraron 143 casos de lesiones, 245 por delitos contra la salud, y 81 por fraude, lo que evidencia la diversidad y gravedad de los delitos que enfrenta el sistema judicial.
García Cázares enfatizó que la atención a víctimas y el desarrollo de los procesos penales requieren una coordinación constante entre Fiscalía, Poder Judicial, Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Comisionado Estatal de Atención a Víctimas. “Todavía hay algo que trabajar para que el trabajo salga bien”, insistió.
La nueva ley orgánica podría representar una oportunidad para mejorar los tiempos procesales, la especialización de jueces en violencia de género y la homologación de criterios entre ministerios públicos y jueces de control. El reto, como lo plantea la fiscal, no es solo institucional, sino profundamente humano: garantizar que cada dictamen, cada sentencia y cada medida de protección responda con eficacia y dignidad a las víctimas.
