Rocha Medina expuso que “esta iniciativa, lejos de ser una propuesta más, representa un acto de justicia para miles de elementos que integran las fuerzas de seguridad pública”
Los policías municipales y estatales deben tener una mejor remuneración porque “no puede haber seguridad sin dignidad y no puede haber paz duradera sin condiciones laborales justas para quienes arriesgan su vida por protegernos, informó la diputada Sara Rocha Medina.
Presentó una reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí para garantizar ese salario justo a las y los elementos de las corporaciones municipales y la estatal, debido a que el que reciben actualmente es insuficiente para sus necesidades fundamentales.
La propuesta establece que los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el Estado y los ayuntamientos, por la naturaleza de su función, y atendiendo a lo establecido en la Constitución, tendrán el carácter de agentes depositarios de autoridad. Por tanto, su relación con la administración pública será de carácter administrativo, y se regirá por lo establecido en esta Ley y demás ordenamientos aplicables.
Las instituciones de seguridad pública deberán generar para su personal, de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123 apartado B fracción XIII párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el Estado de San Luis Potosí, todos los elementos de seguridad pública a que se refiere el artículo 5 fracción VIII de la presente Ley, conforme a su respectiva categoría, disfrutarán de la misma remuneración, sin tener en cuenta sexo, ni Municipio de adscripción.
Anualmente se considerará aumento en la remuneraciones en la percepciones y prestaciones de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública estatales y municipales, que realicen funciones operativas o actividades técnicas de apoyo operativo, que acrediten haber participado en el año inmediato anterior en cursos de formación inicial, continua, evaluaciones de desempeño en el servicio, de habilidades, destrezas y conocimientos de la función policial.
En el caso de los municipios además de lo anterior, deberán acreditar haber adoptado la estructuración de la jerarquización terciaria establecida en los artículos, 68, 69 y 70 de esta Ley y deberán contar todos con el certificado único policial vigente para ser candidatos a dichos incrementos.
Al respecto, las modificaciones a los presupuestos de egresos que resuelvan aumentos salariales deberán ser fundados y motivados, sin que, en ningún caso, puedan ser disminuidos, pero si podrán permanecer sin variaciones las anualidades que sean necesarias, a fin de ajustarse a los principios establecidos en el presente artículo; dichos incrementos de las remuneraciones deberán ajustarse a los que establecen las normas presupuestales en materia de servicios personales.
Rocha Medina expuso que “esta iniciativa, lejos de ser una propuesta más, representa un acto de justicia para miles de elementos que integran las fuerzas de seguridad pública”; nuestro país enfrenta un grave déficit de personal policial, muy por debajo del estándar recomendado por organismos internacionales”.
