Indígenas descartan tomar las instalaciones del INPI en SLP

Dijeron estar en desacuerdo con la designación de Mario Godoy, por lo que buscarán el diálogo el director general Adelfo Regino Montes

Reunión en INPI de Tancanhuitz / Patricia Calvillo / El Sol de San Luis

Patricia Calvillo

Más de 500 representantes de los pueblos y comunidades indígenas tének, náhuatl y xi ui de al menos once municipios del estado se dieron cita en una reunión regional celebrada en Tancanhuitz de Santos. En este encuentro tomaron diversas decisiones para la defensa de sus derechos, sus formas de organización y su autonomía, ante lo que califican como graves actos de omisión, imposición y violencia institucional por parte de instancias gubernamentales de la Cuarta Transformación. Aunque están inconformes con el actual delegado, descartan tomar las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en el estado.

Durante una reciente asamblea, las comunidades ratificaron su derecho legítimo a sesionar conforme a sus usos y costumbres, avanzando en la integración de propuestas para comités de administración y vigilancia que sean reconocidos por instancias como Bienestar y el INPI, siempre y cuando estos respeten la voluntad colectiva. Cualquier intento por parte de servidores públicos de intervenir o violentar estos procesos será documentado y denunciado ante las instancias correspondientes.

Consejeros indígenas del Consejo Nacional Indígena en San Luis Potosí, explican que uno de los puntos más contundentes de los acuerdos fue el rechazo a la designación de Mario Godoy como representante estatal del INPI en San Luis Potosí. Las comunidades exigieron que dicho cargo sea ocupado por una persona indígena, hablante de alguna de las lenguas originarias del estado, con arraigo local y trayectoria en la defensa de los derechos indígenas. Consideran que la imposición de un perfil ajeno a estas características representa una usurpación de identidad y un acto de exclusión que atenta contra su representación legítima.

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Las comunidades originarias del estado han interpuesto recursos de amparo contra dicha designación, los cuales han sido admitidos por el Tribunal Federal, y se espera que en las próximas semanas se celebren las audiencias constitucionales. Según los denunciantes, el funcionario federal no cumple con los requisitos básicos para el cargo y ha incurrido en omisiones que han afectado gravemente el ejercicio de los derechos colectivos.

Adicionalmente, se denunció la conducta del personal de la Secretaría de Bienestar, acusándolos de convocar irregularmente a asambleas comunitarias, presidirlas sin la participación de las autoridades tradicionales, intervenir en la conformación de comités y decidir unilateralmente sobre obras, presupuestos y acciones, lo cual consideran una violación directa a su autonomía, usos y costumbres.

Estas acciones también han motivado la presentación de amparos por violencia institucional, discriminación, exclusión y afectaciones a los derechos humanos e indígenas. Las comunidades subrayan que estos actos vulneran su personalidad jurídica y su derecho a la libre determinación, reconocidos por el marco constitucional mexicano y los tratados internacionales.

Finalmente, señalaron que llevan más de seis años solicitando una audiencia con el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, sin recibir respuesta. Si bien descartaron por el momento la toma de oficinas del instituto en San Luis Potosí, advirtieron que se harán presentes en la sede nacional en la Ciudad de México si persiste la negativa de diálogo por parte del titular de la institución.

“Queremos ser escuchados y respetados. No buscamos entorpecer los procesos, pero tampoco permitiremos que se nos excluya o se decida por nosotros”.