Además de la multa, el juzgado volvió a requerir a la Secretaría de Bienestar que, en un plazo de tres días, cumpla cabalmente con la suspensión otorgada
Patricia Calvillo
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La jueza Séptimo de Distrito en San Luis Potosí, con sede en el municipio de Ciudad Valles, Lucrecia Martínez Galván, determinó que la titular federal de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, ha incumplido con la suspensión ordenada dentro de los juicios de amparo promovidos por comunidades tének y nahuas afectadas por la presunta reducción de recursos del componente indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, (FAIS).
El 27 de noviembre, la jueza emitió un requerimiento y apercibimiento que fue publicado en estrados, donde advierte que, aunque la Secretaría de Bienestar ha emitido oficios internos instruyendo a sus subalternos a “mantener las cosas en el estado en que se encuentran”, dichas comunicaciones también incluyen órdenes para reservar la transferencia de los recursos del FAIS dirigidos a las comunidades quejosas. Esa instrucción, afirma la resolución, contradice directamente los efectos de la suspensión definitiva otorgada.
La suspensión concedida obliga a impedir cualquier acto que ejecute o aplique el acuerdo reclamado, es decir, la reducción presupuestal que afectó a decenas de comunidades indígenas. Al mismo tiempo, la jueza aclaró que la medida en ningún momento autoriza retrasar ni suspender la entrega de los recursos que corresponden a las comunidades. Sin embargo, las órdenes internas de Bienestar, al instruir la “reserva” de esos fondos, operan en sentido opuesto a lo mandatado por el juzgado.
Para Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano, este comportamiento confirma lo que las comunidades han denunciado desde hace meses “que la Secretaría de Bienestar ha ignorado sistemáticamente los requerimientos judiciales. Esta es la primera vez que la sanción, además de firme, se dirige de manera personal a la titular de la dependencia federal”.
La multa impuesta a Ariadna Montiel equivale a ciento quince Unidades de Medida y Actualización, lo que representa 13 mil 11 pesos con 10 centavos. La sanción recae en su esfera como persona física, no como funcionaria pública, y deberá ser cubierta con recursos personales. La jueza fundamentó la decisión en los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo, que establecen responsabilidad directa para los titulares que incumplen resoluciones judiciales.
Además de la multa, el juzgado volvió a requerir a la Secretaría de Bienestar que, en un plazo de tres días, cumpla cabalmente con la suspensión otorgada en los incidentes de suspensión 274/2025 al 279/2025, acumulados al 269/2025. El mandato reitera que se debe respetar plenamente el derecho de las comunidades a recibir los recursos, sin retenerlos ni condicionarlos, y sin desconocer la suspensión vigente.
En caso de que la funcionaria federal no acate la orden, la jueza advirtió que se impondrá una nueva multa, esta vez por doscientas Unidades de Medida y Actualización, UMA, además de las consecuencias legales adicionales que pueden derivar de un desacato a la autoridad judicial.
Para las comunidades indígenas y los consejeros que las representan, la resolución es un precedente importante. Consideran que confirma la validez de sus denuncias sobre retenciones indebidas, presiones administrativas y bloqueos injustificados en la entrega de recursos. También refuerza su exigencia de que los programas públicos se ejecuten sin manipulación política, sin represalias y con pleno respeto al derecho constitucional a la autonomía y al amparo.
El caso sigue abierto y los próximos días serán decisivos para conocer si la Secretaría de Bienestar rectifica su actuación o si se encamina hacia un conflicto mayor con el Poder Judicial y con las comunidades a las que, por ley, debe servir.
