A lo largo del 2025, se abrieron 131 investigaciones administrativas por presunta responsabilidad de personal derivadas de quejas ciudadanas
Alejandra Ruiz
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí colocó en el centro de su informe institucional el incremento de investigaciones —tanto administrativas como penales— iniciadas contra servidores públicos, al considerar este eje como el principal motor del reforzamiento de sus mecanismos de supervisión y control.
A lo largo del 2025, se abrieron 131 investigaciones administrativas por presunta responsabilidad de personal derivadas de quejas ciudadanas, vistas de jueces de oralidad y observaciones de mandos superiores. Asimismo, se concluyeron 150 procedimientos correspondientes al año en curso y anteriores, lo que permitió avanzar en el rezago de expedientes.
En el ámbito penal, la institución abrió 320 carpetas de investigación por hechos con apariencia de delito atribuidos a servidores públicos municipales, estatales y de la propia Fiscalía. La productividad también presentó un incremento: mientras que en 2024 se determinaron aproximadamente 150 carpetas, en 2025 la cifra ascendió a 288. El número de casos judicializados pasó de alrededor de 12 en 2024 a aproximadamente 30 en 2025.
A partir de este crecimiento en investigaciones, la Fiscalía fortaleció su esquema de supervisión técnica y jurídica. Durante 2025 realizó 536 visitas de evaluación —frente a 487 en 2024—, cifra que mantiene la tendencia ascendente observada en los últimos cuatro años: 65 en 2022, 135 en 2023 y 487 en 2024. Como parte de estas revisiones, se analizaron aleatoriamente 1,266 carpetas de investigación en unidades operativas y delegaciones regionales.
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El informe también detalla la ampliación de la presencia de visitadores en unidades con personas detenidas, especialmente en guardias de fin de semana, con el objetivo de supervisar la integración de carpetas y el respeto a los derechos humanos. Estas acciones generaron informes con medidas preventivas y correctivas, además de una disminución de quejas por corrupción y recomendaciones para mejorar el trabajo ministerial.
