“Desde la persona que recibe a la mujer en la entrada del hospital hasta el médico que atiende el parto, todos son responsables de brindar una atención respetuosa y no solo son hombres, también son mujeres”.
Ejemplificó que este fenómeno se puede apreciar desde negar el ingreso a una mujer en trabajo de parto, ordenar que “camine un poco más” o realizar procedimientos sin consentimiento, son situaciones que se viven y frecuentemente.
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Dentro del ciclo de conferencias del primer Congreso Internacional de Criminología, Victimología y Política Criminal organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) la especialista Gabriela Cruz Ortiz, jefa del Departamento de Prevención y Atención al Educando y profesora por asignatura en la misma universidad, aseguró que San Luis Potosí ocupa el primer lugar nacional en casos de violencia obstétrica.
Durante su conferencia titulada “Aspectos criminológicos y victimológicos de la violencia obstétrica”, explicó que este tipo de fenómeno no solo representa una grave violación a los derechos humanos de las mujeres del Estado, sino que también es un fenómeno social y estructural que debe ser analizado desde la criminología para su adecuada prevención y erradicación.
En su experiencia, la violencia obstétrica, sucede cuando mujeres embarazadas, en parto o en el puerperio (posparto), sufren maltrato físico, psicológico o verbal por parte del personal de salud. Este tipo de situaciones incluye prácticas como cesáreas innecesarias, negación de atención, comentarios ofensivos, procedimientos sin consentimiento informado, así como tratos humillantes o negligentes.
“Es una violencia que se ejerce en un momento de extrema vulnerabilidad para la mujer, cuando se encuentra sola en una sala de parto, sabiendo que su vida y la del bebé están en riesgo”, detalló y añadió que “la criminología ayuda a entender no solo quién comete estos actos, sino también por qué suceden, en qué contextos y cómo prevenirlos”.
Uno de los aspectos más alarmantes abordados en la ponencia que ofreció en el edificio de Posgrado, es que la violencia obstétrica no discrimina. Afecta tanto a mujeres con altos niveles educativos como a aquellas en contextos sociales más desfavorecidos como pobreza y vulnerabilidad “lo que cambia es el tipo de problema, pero no la exposición a ella. No por ser una mujer con estudios universitarios estás exenta”.
Gabriela Cruz Ortiz, jefa del Departamento de Prevención y Atención al Educando / Nahum Delgado / El Sol de San Luis
Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), en San Luis Potosí, alrededor del 30 por ciento de las mujeres que tuvieron un parto o cesárea reportaron haber sufrido violencia obstétrica, colocándolo en el primer lugar a nivel nacional. Aunque la diferencia con otras entidades no es muy amplia pues rondan entre el 20 y 30 por ciento, según especificó. El hecho de encabezar esta estadística refleja un problema sistemático en el modelo de atención a la maternidad.
Contrario a lo que muchos podrían suponer, la violencia en los hospitales y clínicas no es exclusiva de médicos hombres. También la cometen médicas, enfermeras, personal administrativo e incluso elementos de seguridad en hospitales. Muchos de ellos cometen este delito, debido al estrés, cansancio y burnout en el que se encuentran lidiando.
Durante su exposición, la especialista también hizo énfasis en las consecuencias a largo plazo de la violencia obstétrica, pues “se ha documentado que este problema no solo deja huellas físicas y psicológicas inmediatas, como la depresión postparto o el desapego materno, sino que puede generar efectos prolongados en la vida de la mujer, el recién nacido y su entorno familiar”, explicó.
Incluso, según estudios recientes, existe una relación directa entre experiencias de violencia obstétrica y mayor propensión a sufrir o ejercer violencia en etapas posteriores de la vida, lo que refuerza la necesidad de abordar esta problemática desde un enfoque criminológico preventivo.
Una de las claves para reducir este tipo de violencia, subrayó Cruz Ortiz, es empoderar a las mujeres mediante la información. “No se trata solo de estudios formales, sino de entender cómo funciona el cuerpo, cómo se desencadena un parto natural, qué derechos se tienen como paciente. Solo así se puede exigir una atención digna”.
La especialista hizo un llamado a las instituciones de salud, universidades y organismos públicos a visibilizar esta forma de violencia, además los conminó a crear políticas públicas que garanticen un parto respetado y capacitar al personal médico y administrativo en perspectiva de género y derechos humanos.
San Luis Potosí, como muchas otras regiones del país, tiene una deuda pendiente con las mujeres en el ámbito del parto y la salud reproductiva y por eso concluyó argumentando que sí, realmente se quiere prevenir la violencia desde su origen, es indispensable comenzar por el primer contacto humano que una nueva vida tiene con el mundo y que es el nacimiento.
