Líderes indígenas denuncian exclusión de la Secretaría del Bienestar en la Huasteca

Elementos de la policía municipal que resguardaron el recinto impidieron el ingreso de autoridades legítimas y del comité de administración de Piaxtla

entrega de tarjetas del Banco del Bienestar (2).jpg — / Cortesía Observatorio Indígena Mesoamericano

Patricia Calvillo

Autoridades municipales de Tanlajás y representantes del gobierno federal impidieron el acceso a representantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) y autoridades comunitarias de Piaxtla de Tancanhuitz de Santos y Coromohom en Tanlajás, al evento oficial de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, financiado con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, (FAISPIAM).

El operativo realizado en el municipio de Tanlajás, fue ejecutado bajo instrucciones del delegado federal de la Secretaría del Bienestar en San Luis Potosí, y de Mario Godoy Ramos, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Elementos de la policía municipal resguardaron el recinto y, siguiendo las órdenes de sus superiores, impidieron el ingreso de autoridades legítimas y del comité de administración de Piaxtla, quienes han promovido amparos legales para asegurar el respeto a su presupuesto de infraestructura.

A pesar de que el evento es público y financiado con recursos federales, los uniformados justificaron su actuar alegando que el recinto era de carácter “privado”, negando el ingreso a representantes que cuentan con suspensión definitiva emitida por un juez federal para garantizar la autonomía y aplicación directa de sus recursos.

entrega de tarjetas del Banco del Bienestar (1).jpg — / Cortesía Observatorio Indígena Mesoamericano

La exclusión se extendió a los seis consejeros nacionales indígenas del CNPI, quienes nunca fueron convocados ni considerados dentro del presídium. Un hecho que contradice los discursos de inclusión y respeto a los pueblos originarios que el gobierno de la Cuarta Transformación ha defendido públicamente “año de la mujer indígena, entre la demagogia y la discriminación”.

A través del Observatorio Indígena Mesoamericano en el que participa, Juan Felipe Cisneros Sánchez, se informó que uno de los momentos más tensos, lo protagonizó la consejera náhuatl Angelina Reyes, originaria de Piaxtla, quien fue retenida a las afueras del recinto por más de veinte minutos, expuesta a un ambiente hostil.

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Lo anterior termino en el momento en que sus compañeros ejercieron presión para que finalmente fuera admitida en el evento, pero se le negó estar en el presídium, a pesar de su investidura como consejera nacional.

Gracias a su insistencia, también se consiguió el ingreso de la tesorera de Piaxtla. Sin embargo, el resto de la comisión fue excluida, lo que deja entrever una práctica sistemática de marginación, aún en el contexto simbólico del Año de la Mujer Indígena, decretado por el mismo gobierno de la república mexicana que hoy impone barreras a sus lideresas.

Denuncias similares se han registrado en distintas regiones del país donde las comunidades indígenas exigen el respeto a sus derechos, particularmente en la aplicación de recursos públicos que les corresponden por ley. El observatorio cuestiona el uso de policías municipales para bloquear el acceso a los propios representantes de los pueblos originarios, evidencia un modelo que contradice los principios y discursos del autogobierno y la libre determinación.