El caso más grave se localiza en Tamazunchale, seguido por Tancanhuitz y Ciudad Valles, mientras que Rioverde presenta afectaciones menores
Alejandra Ruiz
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“La intención es dar continuidad operativa a los centros”, concluyó Morales Silva.
Los Centros Integrales de Justicia Penal de Tamazunchale, Tancanhuitz, Ciudad Valles y Rioverde, construidos durante el sexenio estatal gubernamental anterior, presentan fallas estructurales desde su entrega y ahora requieren intervenciones técnicas profundas debido a las recientes lluvias , cuyo diagnóstico preliminar, por cada centro, podría costar más de 400 mil pesos, advirtió Arturo Morales Silva, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).
El magistrado explicó que el caso más grave se localiza en Tamazunchale, seguido por Tancanhuitz y Ciudad Valles, mientras que Rioverde presenta afectaciones menores. Las fallas más visibles se relacionan con filtraciones de agua, que se agravan durante la temporada de lluvias y afectan plafones, muros y estructuras internas.
“Desde el inicio, esos centros presentaron deficiencias. No representan un peligro inminente, pero sí requieren atención urgente. Hemos hecho impermeabilizaciones y reparaciones menores, pero no han sido suficientes. Se necesita un trabajo a fondo”, declaró Morales Silva.
El presidente del STJE reveló que se pidió una cotización a una empresa de ingeniería para realizar un dictamen técnico únicamente del centro de Tamazunchale, el cual asciende a 400 mil pesos, sin incluir las obras correctivas. Esta cifra ilustra la magnitud del problema heredado.
Las deficiencias fueron advertidas por el Poder Judicial desde su construcción, pero aun así las obras fueron entregadas. “En su momento se hicieron observaciones sobre carencias estructurales, pero los centros se recibieron y, con el tiempo, las fallas se han hecho más evidentes”, comentó.
Estas fallas contrastan con el discurso oficial de aquella administración estatal, que presumía haber consolidado una red moderna de justicia penal. Hoy; sin embargo, el STJE se enfrenta a la necesidad de gestionar recursos extraordinarios, ya que el presupuesto ordinario del Consejo de la Judicatura pudiera no alcanzar para cubrir los costos de rehabilitación.
