Estas mujeres valientes visibilizaron la lacerante crisis de desapariciones que asola el estado, dejando tras de sí un sin fin de familias destrozadas y un clamor ensordecedor por respuestas
Con el alma hecha jirones, decenas de madres buscadoras tomaron este lunes las calles de la capital potosina en una marcha que resonó la urgencia de la justicia. Encabezadas por Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP AC, estas mujeres valientes visibilizaron la lacerante crisis de desapariciones que asola el estado, dejando tras de sí un sin fin de familias destrozadas y un clamor ensordecedor por respuestas.
“Las madres de los desaparecidos andamos desmadradas, hambreadas de justicia por nuestros hijos”, exclamó con la voz potente Edith Pérez frente al Palacio de Gobierno. Sus palabras, cargadas de una rabia contenida y un sufrimiento palpable, pintaron un retrato crudo de la victimización secundaria que enfrentan: no solo les arrebataron a sus seres amados, sino que un Estado que consideran ausente las condena a una existencia suspendida entre la tenue esperanza y la oscuridad de la desesperación.
La Calzada de Guadalupe se convirtió en una dolorosa alfombra de rostros. Más de 300 fotografías, testimonio mudo de 14 años de ausencias forzadas en San Luis Potosí, que también fueron desplegadas frente a la sede del poder estatal. Cada imagen era un grito silencioso, cada semblante, una pregunta punzante sin eco en las instituciones. La magnitud de la tragedia se hizo palpable, un espejo incómodo que, denuncian las madres, las autoridades se niegan a mirar de frente.
En medio de esta lucha incansable, un episodio reciente generó una ola de críticas hacia las madres buscadoras: su asistencia a un concierto del reconocido artista Luis Miguel, invitadas por el propio gobierno estatal. La incomprensión y el juicio social no se hicieron esperar, cuestionando su derecho a encontrar un respiro en medio de la angustia.
Con la entereza que las caracteriza, Edith respondió con una pregunta que resonó en la Plaza de Armas: “¿Acaso las madres que buscan no tienen derecho a distraerse? ¿Estamos condenadas a sufrir por siempre?”. Su defensa fue un desgarrador recordatorio de la humanidad que persiste bajo el peso del dolor: “A veces nos vestimos para distraernos, pero la mayoría nos vestimos de perras, de manos que escarban y sacan cuerpos para llevarlos al SEMEFO, juntando huesitos de lo que pudiera quedar de sus y nuestros hijos”. Sus palabras desnudaron la crudeza de su realidad, donde incluso los momentos de alivio son observados con lupa, negándoles el derecho a una pausa en su calvario.
La exigencia central de estas madres de familia no es la compasión, sino la acción concreta: la creación urgente de una Fiscalía Especializada en Desapariciones. Tres años han transcurrido desde que presentaron un proyecto formal, recibiendo promesas de presupuesto que hasta hoy se han evaporado en el vacío de la inacción. La denuncia contra el diputado José Luis Fernández, apodado “el Chiquis”, por incumplir su promesa de presentar el acuerdo ante el Congreso, añadió una nota de frustración y desconfianza hacia la clase política.
Mientras la burocracia dilata la creación de esta fiscalía crucial, la realidad en el terreno es escalofriante. Las fosas clandestinas se multiplican, pero la falta de recursos humanos obstaculiza su procesamiento. La indignante cifra de un solo arqueólogo y un antropólogo forense para todo el estado revela una negligencia que perpetúa la impunidad y prolonga la agonía de las familias. El testimonio de Edith sobre una fosa encontrada en Charcas hace dos años, aún sin procesar por falta de personal, es un ejemplo escalofriante de esta desidia.
La estadística es alarmante: diez personas desaparecen cada semana en San Luis Potosí, de las cuales apenas dos o tres son localizadas. El incremento del 300% en las desapariciones desde 2018 contrasta dolorosamente con la ausencia de una fiscalía especializada que pueda abordar esta crisis con la urgencia y la dedicación que merece.
La indiferencia del Congreso del Estado se erige como otro muro en el camino hacia la justicia. Las madres denunciaron cómo los legisladores han esquivado su responsabilidad, narrando el caso del diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, quien tras prometer su atención al tema, dejó de responder a sus llamados. La paciencia se agota, y el ultimátum fue claro: “Nos dijeron 2025. No vamos a aceptar 2026. Ya basta”.
La tibieza mostrada por el subsecretario de Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo, al delegar su posicionamiento, y las palabras del diputado Luis Fernando Gámez Macías, que pretendían mostrar solidaridad pero solo avivaron la indignación, evidenciaron la distancia entre la retórica política y la cruda realidad que viven las familias de los desaparecidos. La pregunta lanzada por las madres resonó con una verdad ineludible: “¿Quién puede entender la desaparición de un hijo más que quien lo parió, crió y amó?” No buscan empatía vacía, sino acciones concretas que se traduzcan en leyes y recursos para encontrar a sus seres queridos y castigar a los responsables.
El gesto simbólico de ofrecer prendedores en forma de corazones rotos fue rechazado por algunas madres, un claro mensaje de desconfianza hacia las promesas partidistas. La contundente declaración de la madre de Édgar Hernández Escobar, desaparecido en 2023, resumió el sentir general: “No hace falta que empatice con nosotras. Con que haga su trabajo es suficiente. Que legisle para generar condiciones que nos beneficien como víctimas”. Otra madre, cuyo hijo Emir Yuriel fue encontrado sin vida en una fosa clandestina, exigió a los diputados “ensuciarse las manos” y acompañarlas en las búsquedas, para que vivan de cerca el dolor que azota a todo el país.
Al cierre de la jornada, la pregunta que persiste en el aire, sin respuesta por parte de las autoridades, fue lanzada nuevamente por Edith Pérez: “¿Dónde están?”. La ausencia de sus hijos no se refleja en las cifras ni en las acciones de gobierno, y la espera se alarga sin visos de un final cercano. Su mensaje final fue un llamado directo a la acción: “Del Estado hemos visto acciones institucionales, sí. Pero nunca son suficientes mientras haya una sola persona desaparecida sin respuesta”.
Las madres buscadoras se retiraron de la explanada, dejando tras de sí la imborrable huella de su lucha, plasmada en las lonas con los rostros amados. Su dolor las ha “desmadrado”, sí, pero también las mantiene de pie, irguiéndose con una dignidad inquebrantable en la búsqueda incansable de la verdad y la justicia.
