Esta información fue proporcionada por distintas áreas colaboradoras de la Fiscalía, como la Vicefiscalía del Estado, la Dirección de Recursos Humanos, el Instituto Universitario de Ciencias Penales y Forenses y las delegaciones regionales del MASC.
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El Centro de Métodos Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal (MASC), que forma parte de la Fiscalía General del Estado y su Unidad de Transparencia, informó que durante 2024 se atendió un total de 8,063 asuntos penales, de los cuales 5,489 se registraron en la capital del estado y 2,574 en otros municipios a través de mecanismos alternativos, que permitieron evitar juicios largos y reparar el daño a las víctimas de manera más directa y humana.
El mecanismo más utilizado fue el acuerdo reparatorio, con 6,891 casos, en el que la persona responsable reconoce el daño y se compromete a repararlo, generalmente mediante la entrega de dinero, servicios o bienes. También se utilizaron otros instrumentos, como la suspensión condicional del proceso, que fue aplicada solo en 8 casos, y 1,164 asuntos que fueron canalizados a otras instancias, como trámites relacionados con empresas o personas morales.
Los conflictos se resolvieron principalmente a través del diálogo. La mediación fue el instrumento más empleado, con 2,532 casos, seguida por la conciliación, usada en 2,480 ocasiones. Además, se reportó un solo caso de junta restaurativa, una herramienta que busca una reparación más profunda del daño al facilitar un encuentro directo entre víctima y agresor. No se registraron casos de círculos de diálogo ni reuniones entre víctimas y adolescentes, lo que evidencia áreas que aún pueden fortalecerse dentro del modelo restaurativo.
De todos los asuntos atendidos, 2,403 llegaron a un acuerdo formal, y dentro de estos se firmaron 2,189 acuerdos, divididos casi por igual entre 1,080 acuerdos inmediatos, que se resolvieron en ese mismo momento, y 1,118 acuerdos diferidos, en los que se fijó una fecha posterior para cumplir los compromisos asumidos.
Los tipos de obligaciones pactadas en los acuerdos se clasificaron en cuatro categorías principales: en 1,194 casos se acordó la entrega de dinero, bienes u otros recursos materiales; en 440 casos, la persona responsable se comprometió a realizar una acción concreta; en 550 acuerdos, el compromiso fue abstenerse de alguna conducta dañina; y en 26 acuerdos se asumieron obligaciones múltiples, que combinaban más de un tipo de compromiso.
En cuanto a la forma en que se reparó el daño a las víctimas, 1,387 acuerdos fueron de tipo material, es decir, incluían compensaciones económicas o tangibles; 741 acuerdos ofrecieron reparación moral, como disculpas públicas, gestos simbólicos o reconocimiento del daño causado; y 114 acuerdos fueron mixtos, es decir, incluyeron tanto reparación moral como material.
Durante este proceso se atendió a un total de 9,178 personas, de las cuales 8,279 fueron personas físicas y 899 personas morales, como empresas u organizaciones. Dentro de los grupos considerados como vulnerables, se identificaron 3,973 mujeres, 664 adultos mayores y 107 niñas, niños o adolescentes. Para estos sectores, se establecieron medidas específicas de atención y reparación: en 924 acuerdos se ofreció alguna forma de compensación por el daño; en 467 casos se incluyeron compromisos explícitos de no repetición; y en 214 asuntos, la persona responsable participó en cursos de sensibilización, con el objetivo de evitar nuevas afectaciones.
Asimismo señalaron que este trabajo fue posible gracias a la labor del personal facilitador del MASC, que recibió capacitación especializada en temas clave como derechos humanos, perspectiva de género, protección de la niñez y adolescencia, enfoque diferencial, interseccionalidad, interculturalidad y accesibilidad. Estas capacitaciones fueron verificadas por el Instituto Universitario de Ciencias Penales y Forenses y por el MASC Delegación IV, con sede en Ciudad Valles.
