San Luis Potosí presenta avances modestos pero relevantes: la educación inicial creció en la entidad alrededor de 3.5%, y la matrícula en educación preescolar pasó de 75.6% a 76.9%
San Luis Potosí muestra una mejora clara en la reducción de la pobreza entre la primera infancia, pero el cuadro completo revela tensiones que ponen en riesgo el desarrollo de niñas y niños. Según el informe “¿CÓMO VAMOS CON LA PRIMERA INFANCIA?” dado a conocer esta semana de noviembre 2025, la proporción de menores de 0 a 5 años en situación de pobreza pasó de 47.1% en 2018 a 41.3% en 2024, una caída de 5.8 puntos porcentuales que sigue la tendencia nacional de reducción, aunque la entidad aún se ubica por encima de los estados con menor pobreza del país.
Aun así, la mejora en la línea de pobreza convive con un empeoramiento en la acumulación de privaciones: el número promedio de carencias por niña o niño subió de 1.9 a 2.3 entre 2018 y 2024 (+16%), lo que indica que, aunque más hogares superan la línea de pobreza monetaria, persisten carencias en salud, vivienda y servicios básicos que concentran la vulnerabilidad en grupos específicos y territorios.
En materia de seguridad, los datos oficiales muestran contrastes. Las carpetas de investigación por delitos totales contra niñas y niños de 0 a 4 años en San Luis Potosí aumentaron ligeramente, de 162 a 168 casos (+4%) entre 2022 y 2024, mientras que los delitos más graves presentan variaciones mixtas: las carpetas por homicidio en este grupo disminuyeron de 6 a 4 casos (-33%), y las carpetas por delitos sexuales registraron una caída importante, de 39 a 24 casos (-38%), situando a la entidad entre las que reportaron reducciones en esa tipología frente a incrementos en otros estados. En desapariciones o no localizados, San Luis Potosí también mostró una reducción notable, de 5 a 3 casos (-40%) en el periodo 2022–2024.
El balance en salud infantil es preocupante: la tasa de mortalidad de menores de 5 años en San Luis Potosí aumentó de 13.9 a 15.1 por mil (+8.2%) entre 2022 y 2023, un incremento que exige atención urgente en atención prenatal, neonatal y en la detección temprana de riesgos. En contraste, la razón de mortalidad materna en la entidad registró una caída muy marcada, pasando de 37.2 a 13.6 (-63.5%), un dato positivo que, sin embargo, no debe ocultar la necesidad de consolidar servicios de salud materno‑infantil en todo el territorio.
En educación y cuidado temprano, San Luis Potosí presenta avances modestos pero relevantes: la educación inicial creció en la entidad alrededor de 3.5%, y la matrícula en educación preescolar pasó de 75.6% a 76.9% (+1.7%), cifras superiores al crecimiento nacional en preescolar, aunque persisten brechas por nivel de bienestar y en zonas rurales donde la cobertura sigue siendo menor.
En nutrición y prácticas de cuidado, el informe subraya retos estructurales a nivel nacional que también afectan a la entidad: aumentos en la baja talla en contextos rurales y desigualdades en lactancia materna por condiciones laborales y nivel de bienestar. Si bien el documento no desglosa todos los indicadores nutricionales por entidad con la misma profundidad, el patrón nacional —crecimiento de la baja talla y brechas rurales/urbanas— obliga a priorizar intervenciones focalizadas en San Luis Potosí.
El diagnóstico que arroja el informe es claro: San Luis Potosí avanza en reducir la pobreza monetaria de la primera infancia, pero enfrenta la acumulación de carencias sociales, retrocesos en indicadores de salud infantil y riesgos de violencia que requieren respuestas integrales. Las recomendaciones del SIPI apuntan a combinar transferencias y programas sociales con políticas que garanticen acceso efectivo a salud, cuidado y educación inicial, fortalecer la procuración de justicia con enfoque de infancia y ampliar la cobertura de servicios en zonas rurales y hogares más vulnerables.
Para San Luis Potosí, la prioridad es traducir la reducción de la pobreza en mejoras sostenibles en derechos: cerrar brechas en salud, reducir la acumulación de carencias y consolidar redes de protección que eviten que los avances en ingreso se queden en cifras sin transformar las condiciones reales de vida de niñas y niños.
