Juan Mario Solís consideró que México debe ser prudente en sus posicionamientos y que, además, enfrenta un escenario complejo ante la renegociación del T-MEC
Patricia Calvillo
Tras la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por el gobierno de Estados Unidos, Juan Mario Solís Delgadillo, profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, indica que el análisis de esta coyuntura exige revisar los antecedentes y evitar lecturas simplistas, pues siempre se supo que Venezuela no era una democracia.
El especialista en estudios latinoamericanos, señaló que uno de los momentos clave para entender la situación actual se remonta a 2017, cuando Nicolás Maduro, aún en el poder, disolvió el Congreso venezolano en lo que calificó como un autogolpe de Estado.
Este hecho, afirmó, marcó un giro definitivo hacia el autoritarismo, aunque en su momento fue minimizado por amplios sectores de la comunidad internacional.
A ello se suma el cuestionamiento a la elección presidencial de 2018, proceso que fue ampliamente criticado por misiones electorales internacionales, organismos multilaterales y diversos países. Pese a las dudas sobre su legitimidad, Maduro permaneció seis años más al frente del gobierno venezolano, lo que sentó un precedente que, según el investigador, explica en gran medida lo ocurrido en el proceso electoral del 28 de julio de 2024.
Para él, la diferencia de otros países como México, en Venezuela no existe certeza constitucional sobre la fecha exacta de las elecciones presidenciales. Aunque se sabía que debían realizarse en 2024, fue el propio Maduro quien determinó el día, eligiendo el 28 de julio, una fecha simbólica para el chavismo por coincidir con el natalicio de Hugo Chávez. De acuerdo con el académico, las evidencias presentadas por la oposición indican que Nicolás Maduro perdió esos comicios, sin embargo, se mantuvo en el poder sin haber presentado una sola acta que acreditara su supuesto triunfo, en un proceso organizado por el Consejo Nacional Electoral, organismo que también fue señalado por su falta de imparcialidad.
El régimen inhabilitó a un amplio número de figuras opositoras, entre ellas María Corina Machado, quien había obtenido más del 90 por ciento de apoyo en las elecciones internas de la oposición.
Solo en las últimas horas previas al cierre del registro fue posible inscribir a Edmundo González Urrutia como candidato, quien, de acuerdo con los datos recabados por la oposición, resultó electo presidente por la ciudadanía venezolana.
Durante el proceso electoral, María Corina Machado enfrentó múltiples obstáculos, desde la prohibición para abordar vuelos hasta bloqueos carreteros, lo que la obligó a trasladarse por tierra e incluso en motocicleta para poder acompañar los actos de campaña.
Estos hechos, afirmó, reflejan las condiciones adversas y de represión en las que se desarrolló la contienda.
En este contexto, consideró que no se puede hablar de un gobierno democrático en Venezuela, sino de un régimen autocrático que se sostuvo mediante el control de las instituciones, el respaldo de sectores militares y la presencia de agentes extranjeros, así como el uso del miedo, la persecución política y la existencia de presos políticos.
También mencionó la explotación de recursos estratégicos, como el petróleo y el oro, particularmente en la región conocida como el Arco Minero del Orinoco, donde la extracción ilegal habría financiado en buena medida al régimen.
Respecto a la postura de Estados Unidos, reconoció que una intervención directa no es el escenario ideal, pero insistió en que el punto de partida debe ser reconocer que Nicolás Maduro no encabezaba un gobierno legítimo, sino que actuaba como un usurpador del poder.
Desde esa óptica, las acciones de presión internacional adquieren otro significado.
Para México, el académico advirtió que la situación debe observarse con atención y cautela. Consideró que el discurso del presidente estadounidense Donald Trump deja ver una estrategia de demostración de fuerza en el hemisferio occidental, bajo el argumento de la seguridad nacional y la lucha contra el narcoterrorismo. En ese sentido, recomendó al gobierno mexicano ser prudente en sus posicionamientos, especialmente en un año complejo marcado por la renegociación del T-MEC y por las advertencias previas de Washington sobre posibles acciones contra el crimen organizado en territorio mexicano.
La relación entre México y Estados Unidos vuelve a colocarse bajo el análisis académico ante el contexto internacional de tensiones geopolíticas y redefinición de equilibrios de poder, pues la cercanía geográfica con la potencia norteamericana condiciona de manera permanente las decisiones políticas, económicas y de seguridad del país, sin que ello implique necesariamente una injerencia directa en los procesos electorales internos.
Al ser cuestionado sobre si México debe preocuparse por posibles presiones externas rumbo a los comicios de 2027, cuando se renovarán gubernaturas y el Congreso, el especialista descartó que exista un interés directo de Estados Unidos en ese terreno y explicó que la frase “la geografía es destino”, atribuida al exembajador estadounidense Jeffrey Davidow, resume la realidad mexicana: el país no puede cambiar su ubicación ni su vecindad con Estados Unidos, lo que genera una relación de interdependencia constante.
A diferencia de otras naciones, México vive una condición particular como país fronterizo, lo que ha derivado históricamente en una fuerte codependencia económica, política, cultural y social con Estados Unidos. Esta cercanía, afirmó, convierte la estabilidad de México en un asunto relevante para Washington, aunque en el contexto actual el principal foco de atención estadounidense no está en la política electoral mexicana, sino en los temas de seguridad.
Para el gobierno estadounidense la prioridad se centra en el combate al tráfico de narcóticos, particularmente el fentanilo, cuyo consumo ha provocado alrededor de cien mil muertes anuales en ese país. Este fenómeno, dijo, no solo impacta en la salud pública, sino también en la economía, la fuerza laboral y la cohesión social de Estados Unidos, lo que explica la dureza de algunas de sus estrategias y discursos.
Desde esta óptica, consideró que la presión política hacia el gobierno mexicano podría intensificarse, no para influir en elecciones locales o federales, sino para exigir mayor colaboración y resultados en materia de seguridad. A su juicio, “la administración estadounidense buscará que México haga la letra derecha en este rubro, sin que ello se traduzca en un interés específico por intervenir en los procesos electorales de 2027”.
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Planteó que el mundo atraviesa una etapa de reconfiguración del orden internacional. Recordó que, tras la Guerra Fría y la caída del bloque soviético, Estados Unidos ejerció una hegemonía global que, con el ascenso de China como potencia, comenzó a diluirse. Actualmente, señaló, se vive una redistribución de fuerzas entre grandes actores que buscan ampliar su influencia en distintas regiones del planeta.
En ese escenario, explicó, Estados Unidos pretende consolidar su liderazgo en el hemisferio occidental, mientras que China expande su presencia en América Latina y Washington observa con atención los movimientos de sus rivales estratégicos. Venezuela, afirmó, se ha convertido en un punto clave debido a los vínculos que el régimen chavista estableció durante años con gobiernos y actores considerados adversarios de Estados Unidos, como Rusia, China, Irán, Corea del Norte, así como con grupos armados y organizaciones catalogadas como terroristas.
En el país sudamericano se documentaron colaboraciones en materia militar con Irán y acercamientos con grupos guerrilleros de la región, además de la influencia directa de servicios de inteligencia cubanos en estructuras clave del Estado venezolano. Estos factores, añadió, explican el interés de Washington en un eventual realineamiento político dentro de su zona de influencia.
Finalmente indicó que los hechos ocurridos en la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, demuestran que las decisiones de Estados Unidos responden a una estrategia global más amplia, en la que busca asegurar aliados y estabilidad en su entorno inmediato “México, debe analizar estos movimientos con cautela y conciencia de su posición geográfica, entendiendo que la vecindad con la principal potencia mundial implica retos permanentes, pero no necesariamente una intervención directa en su vida democrática interna”.
