Persisten obstáculos para acceder al aborto en San Luis Potosí: colectiva

Aunque el aborto fue despenalizado por vía legislativa y judicial, sigue existiendo estigma y resistencia por parte de algunos sectores médicos y de la sociedad

Alejandra Ruiz

A pesar de la despenalización del aborto en San Luis Potosí, muchas mujeres aún desconocen que pueden acceder a este derecho de manera legal. La falta de difusión oficial y la persistente criminalización social y médica han generado barreras que impiden el acceso efectivo a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), advirtió Nuria Serrano, integrante de la Colectiva ILE.

Desde la colectiva han identificado que, aunque el aborto fue despenalizado por vía legislativa y judicial, sigue existiendo estigma y resistencia por parte de algunos sectores médicos y de la sociedad. “Es superinjusto que sean las colectivas quienes acompañan y organizaciones más pequeñas, sin recursos, las que tengan que encontrar formas de informar a la población, cuando esto es una obligación del gobierno”, señaló Serrano.

Falta de información y barreras en hospitales

Uno de los principales problemas es que las mujeres desconocen a dónde acudir para solicitar la ILE. Inicialmente, la Colectiva ILE indicaba que el único hospital que garantizaba el servicio era el Hospital del Niño y la Mujer, debido a que en otros hospitales se encontraban en proceso de capacitación del personal. Sin embargo, recientemente el ISSSTE publicó una lista con unidades médicas familiares que también brindan el servicio, incluyendo el Hospital General Ignacio Morones Prieto de la capital y algunas unidades en otros municipios.

No obstante, el acceso en el ISSSTE es limitado, ya que solo pueden acudir mujeres que sean derechohabientes. En contraste, el Hospital del Niño y la Mujer no requiere afiliación a ningún seguro para brindar el servicio.

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Además, Serrano explicó que, según la ley estatal, la interrupción solo se permite hasta las 12 semanas de gestación, lo que implica que cualquier retraso burocrático puede impedir que las mujeres accedan a su derecho. “Es muy necesario que haya apertura para revisar los casos en los que una mujer no pudo acceder a tiempo por razones ajenas a su voluntad, como la falta de unidades médicas en su municipio o demoras administrativas”, enfatizó.

Criminalización y objeción de conciencia

Otro problema identificado por la colectiva es la negativa de algunos médicos a realizar la ILE bajo el argumento de objeción de conciencia. Aunque la ley permite esta figura, también obliga al Estado a garantizar que haya personal disponible para brindar el servicio. Sin embargo, en algunos casos, las mujeres se han encontrado con negativas sin justificación.

Serrano recomienda que, si una mujer enfrenta este tipo de obstáculos, solicite que le entreguen por escrito la razón de la negativa, ya que esto permite proceder legalmente mediante amparos o denuncias. La colectiva ofrece acompañamiento en estos casos, aunque advierten que los procesos legales pueden ser largos y desgastantes.

Iniciativas pendientes en el Congreso

Desde la Colectiva ILE han impulsado dos iniciativas que actualmente están en comisiones del Congreso del Estado, sin que hasta el momento haya habido avances. Una de ellas busca sancionar la negativa injustificada del personal médico para realizar la ILE, pues se considera una forma de violencia institucional. La otra iniciativa busca ampliar las exclusiones del delito después de las 12 semanas, para evitar que las mujeres sean criminalizadas por retrasos administrativos o falta de acceso a servicios de salud en sus municipios.

El papel de la sociedad y el gobierno

Serrano enfatizó la urgencia de que las autoridades estatales y municipales difundan información clara sobre la ILE y los lugares donde se puede acceder al servicio. Actualmente, la mayoría de la difusión proviene de colectivos y medios locales, lo que limita el alcance de la información.

Finalmente, la activista subrayó que, aunque en San Luis Potosí existen hospitales que brindan la ILE, las barreras sociales, médicas y burocráticas siguen obstaculizando el acceso efectivo al aborto legal, especialmente para mujeres en condiciones de vulnerabilidad. La lucha, aseguró, no termina con la despenalización, sino con garantizar que este derecho sea realmente accesible para todas.

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