Personas con discapacidad, excluidas de la elección judicial: activista

Pese a que el INE anunció con bombo y platillo que aplicaría medidas orientadas a garantizar la participación igualitaria de este sector de la población, la realidad en las casillas dista mucho de ese compromiso.

Personas con discapacidad / Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Alejandra Ruiz

Durante el inicio del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de cargos en el Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, aun persiste una preocupación que ha pasado desapercibida en el discurso oficial: la falta real de inclusión de las personas con discapacidad. Pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció con bombo y platillo que aplicaría medidas orientadas a garantizar la participación igualitaria de este sector de la población, la realidad en las casillas dista mucho de ese compromiso.

Catalina Torres Cuevas, defensora de derechos humanos y maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, ha sido una de las voces más críticas. En entrevista, señaló que “la inclusión en este proceso ha sido más una declaración de intenciones que una acción concreta”, calificando el desarrollo del proceso como “correteado” y carente de una verdadera planeación con enfoque de derechos humanos.

El protocolo que supuestamente debía garantizar la inclusión —según el INE— contemplaba acciones específicas para permitir la participación efectiva de personas con discapacidad como funcionarios de casilla. No obstante, la ejecución deja mucho que desear. Las casillas, en su mayoría, no cuentan con intérpretes de lengua de señas, ni con boletas en sistema Braille para personas con discapacidad visual. Tampoco presentan condiciones adecuadas para personas con discapacidad motriz, que se enfrentan a barreras físicas desde la entrada.

La única medida visible en las casillas es la posibilidad de que los escrutadores de mesa asistan a las personas con discapacidad. Pero como advierte Torres Cuevas, “eso no garantiza una verdadera inclusión, solo perpetúa la dependencia y limita la autonomía de estas personas”.

La situación no solo pone en duda la calidad democrática de este proceso, sino que también deja abierta la posibilidad de consecuencias más profundas: ¿qué legitimidad tendrán jueces electos sin la participación efectiva de todos los sectores? ¿Cómo garantizarán acceso a la justicia si llegaron al cargo mediante un proceso que excluyó precisamente a quienes más dependen de ella?

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“Este proceso ha dejado fuera a muchas personas con discapacidad, y eso es un fracaso rotundo. Fracaso para quienes van a votar y para quienes no podrán hacerlo”, afirmó Torres Cuevas.

Por otro lado, cuevas Torres señaló que estas elecciones ponen de manifiesto que aún existen importantes áreas de oportunidad para que el Poder Judicial garantice una atención adecuada, accesible y con enfoque de derechos humanos.

Pues más allá del ámbito electoral, las personas con discapacidad pueden enfrentar otros procesos judiciales donde también se reproducen formas de exclusión estructural: denuncias por discriminación en el acceso a la salud, educación, empleo, justicia penal o en trámites civiles como tutelas, guarda y custodia o decisiones sobre capacidad jurídica.

Ya que a menudo, el sistema judicial carece de formatos accesibles, intérpretes, tiempos razonables o personal capacitado en discapacidad, lo que limita seriamente el derecho al debido proceso.

Por lo que La ausencia de un enfoque transversal e inclusivo en la administración de justicia sigue siendo una deuda estructural.

Por ello, insistió que es urgente avanzar en la implementación de medidas concretas —como juzgados accesibles, ajustes razonables y formación a operadores judiciales— para que el sistema no solo reconozca los derechos de las personas con discapacidad, sino que los haga realmente exigibles y justiciables en igualdad de condiciones.

“actualmente y debido a los procesos que la PcD puedan enfrentar , nos dicen que eso le tocará a los nuevos jueces. ¿Y quién sabe qué orientación traigan?”, cuestiona.

Además, la activista señala otro riesgo: la manipulación de herramientas como el “acordeón” informativo, que si bien pretende orientar el voto, puede servir como vehículo de adoctrinamiento. “No sabemos si esos candidatos han sido misóginos o si han protegido intereses del poder. El acordeón puede ser útil, pero también puede facilitar la manipulación anticipada del voto. Es un arma de dos filos”.

Las elecciones judiciales de este año han sido anunciadas como un hito democrático, pero lo cierto es que su legitimidad está en entredicho. No basta con declarar un proceso incluyente si en la práctica se margina a millones. La participación política de las personas con discapacidad no es un gesto simbólico: es un derecho.

Lo que está en juego, según Torres Cuevas, es mucho más que un cambio en el Poder Judicial. “Vislumbro un conflicto fuerte. Un ‘stop’ a los derechos humanos. Y qué mal, pero así lo veo yo”.

Frente a esta crítica situación, Catalina enfatizó que el reto no es solo garantizar la transparencia del proceso, sino también su legitimidad y representatividad social. Para lograrlo, se necesita voluntad política real, no simulación.

“Las autoridades deben dejar de ver la inclusión como un anexo protocolario y asumirla como una obligación democrática ineludible”.