Luis González Lozano, representante de Cambio de Ruta, explicó que la reforma presenta vicios de inconstitucionalidad derivados del uso de conceptos ambiguos y difíciles de definir
Patricia Calvillo
La organización Cambio de Ruta solicitó formalmente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, (CEDH), que promueva una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 0314, publicado el 18 de noviembre de 2025 en el Periódico Oficial del Estado, mediante el cual se reformó el Código Penal de San Luis Potosí para tipificar delitos relacionados con el uso de inteligencia artificial.
La petición surge ante lo que consideran un riesgo serio para la libertad de expresión, el periodismo, el activismo y la documentación de violaciones a derechos humanos. Luis González Lozano, representante de Cambio de Ruta, explicó que la reforma presenta vicios de inconstitucionalidad derivados del uso de conceptos ambiguos y difíciles de definir, como alarma pública, alterar la paz social, confianza pública y riesgo verificable.
Los términos anteriores, advirtió, pueden derivar en interpretaciones amplias y discrecionales por parte de las autoridades encargadas de aplicar la ley.
El activista recordó que la CEDH es el único organismo facultado para promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, urgió a que la institución actúe antes del 18 de diciembre, fecha en que vence el plazo legal para presentar la impugnación.
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Aunque el dictamen aprobado incluyó algunas mejoras, persisten riesgos de criminalización hacia prácticas como el periodismo crítico, la sátira política y la participación ciudadana en redes sociales. Incluso expresiones como memes con contenido político, recreaciones periodísticas o parodias artísticas podrían ser consideradas delictivas bajo la redacción actual del decreto.
Además se solicitó que la CEDH utilice los convenios institucionales que mantiene con universidades, organizaciones civiles, colegios de profesionistas y organismos especializados, a fin de fortalecer la fundamentación jurídica de la acción de inconstitucionalidad. Consideraron indispensable que la Comisión informe públicamente la decisión que tome, dadas las implicaciones directas de la reforma en los derechos fundamentales de la población.
Se hizo un llamado a establecer puentes de colaboración con otras comisiones de derechos humanos del país, así como con expertos nacionales e internacionales en libertad de expresión y derechos digitales, con el fin de generar precedentes que protejan a la ciudadanía frente a regulaciones que puedan resultar punitivas o restrictivas.
