Potosinos con discapacidad presentan amparo contra el PND de Sheinbaum

Las personas con discapacidad no piden favores ni tratos especiales: exigen el cumplimiento de sus derechos humanos, tal como lo establece la Convención ratificada por el Estado mexicano

Alejandra Ruiz

El 15 de abril de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, este documento ha generado profunda inconformidad entre personas con discapacidad de diversos estados del país, quienes denuncian que el proceso de elaboración no cumplió con los estándares internacionales de consulta previa, pública, accesible y significativa.

Organizaciones de personas con discapacidad en San Luis Potosí, Guanajuato, Baja California Sur, Puebla, Tabasco, Chiapas, Durango, Jalisco y Coahuila han presentado amparos en sus respectivas entidades contra el Plan, al considerar que se violó el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este artículo establece que los Estados deben realizar consultas estrechas y colaborar activamente con las personas con discapacidad, incluidos niñas y niños, a través de las organizaciones que las representan, al momento de elaborar y aplicar políticas públicas que las afectan.

Los colectivos denuncian que el gobierno federal ignoró principios fundamentales establecidos tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, al omitir un proceso de participación directa y efectiva. En palabras de las y los afectados: “Queremos tener participación activa y no simulaciones. Queremos que se escuchen nuestras necesidades reales para que las soluciones también sean reales”.

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A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo contempla algunos programas asistenciales y de salud, las organizaciones sostienen que sus necesidades van mucho más allá. Requieren políticas integrales que aborden temas como accesibilidad, movilidad, transporte, educación, trabajo, cultura, comunicación, y apoyos humanos y tecnológicos, los cuales no fueron contemplados adecuadamente, perpetuando así la exclusión y la invisibilización.

“Las barreras físicas y actitudinales a las que nos enfrentamos cotidianamente no desaparecerán hasta que hayamos sido escuchadas y el gobierno haya actuado para eliminarlas”, subrayan en su pronunciamiento.

Las personas con discapacidad no piden favores ni tratos especiales: exigen el cumplimiento de sus derechos humanos, tal como lo establece la Convención ratificada por el Estado mexicano. A través de estos amparos, buscan sentar un precedente para que la participación real, informada y representativa sea la norma, y no la excepción, en las decisiones que afectan sus vidas.

“Ya no más invisibilización de nuestro colectivo y de nuestras necesidades, ahora más que nunca”, concluyen.