Prohíben a burócratas estatales hacer campaña en elección judicial
El Oficial Mayor del gobierno estatal recordó que la ley prevé sanciones en caso de que se detecten faltas del personal de la burocracia
San Luis Potosi, 28 de marzo de 2026
El Oficial Mayor del gobierno estatal recordó que la ley prevé sanciones en caso de que se detecten faltas del personal de la burocracia
Emanuel Landeros
La utilización de recursos públicos -humanos o económicos- con el fin de intervenir en alguna forma durante la elección judicial, es una sobrentendida contravención a la Ley, ningún empleado o empleada de gobierno podrá ocupar su tiempo oficial en ese proceso.
Para el titular de la Oficialía Mayor de Gobierno, Noé Lara Enríquez, en aquellos casos en los que sean detectados comportamientos anómalos; primero, deberán ser denunciados con la intención de proceder por la vía administrativa; y segundo, deberán aplicarse las sanciones correspondientes.
Refirió que la legislación respectiva prevé sanciones para los casos en que sean detectadas faltas por parte del personal de la burocracia.
La ciudadanía debe tener la seguridad, de que los recursos oficiales son utilizados de manera adecuada y que en los horarios de trabajo se realizan actividades inherentes al servicio público, está prohibido que realicen otras actividades, menos aun con fines político-electorales.
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El funcionario estatal afirmó lo anterior, al recordar que en San Luis Potosí se encuentra en el marco de un proceso electoral judicial, “en el que hemos pedido un mayor control del personal, así como de los recursos técnicos y financieros, con la intención de evitar que sean utilizados de manera indebida”.
Añadió que desde el inicio de la actual administración estatal se ha hecho un trabajo constante para depurar la nómina oficial y reubicar al personal en las áreas que ofrezcan los resultados más atinados, para así evitar irregularidades.
Asimismo, precisó que la dependencia a su cargo ha dado de baja personal desde 2021, “adelgazando la nómina y generando ahorros, además de hacer reubicaciones dentro de la administración gubernamental”.
Finalmente, Lara Enríquez consideró que “con lo anterior la ciudadanía puede tener la seguridad de que hay una prohibición tácita, en la que ningún integrante de la burocracia en su tiempo oficial pueda dedicarse a otras actividades, y que los recursos oficiales, humanos y financieros, son utilizados de manera correcta.
