El retiro de fondos de USAID representa un golpe severo para muchas OSC que habían planificado sus proyectos de 2025 con base en estos apoyos
El reciente anuncio sobre la suspensión del financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en México tendrá un impacto significativo en las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que dependen de estos recursos para operar, según explicó Rogelio Córdova, director de Educación y Ciudadanía A.C. y doctor en Antropología Social por El Colegio de Michoacán.
Córdova detalló que las OSC en México desempeñan un papel clave en la incidencia social y política, la promoción de derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, enfrentan un entorno cada vez más adverso, en el que la falta de regulación y apoyo gubernamental ha complicado su funcionamiento. Aunque existe la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que desde 2004 busca regular la relación entre el gobierno y estas organizaciones, en estados como San Luis Potosí nunca se armonizó adecuadamente, lo que ha limitado el acceso a recursos públicos y dificultado la transparencia en su asignación.
En este contexto, el retiro de fondos de USAID representa un golpe severo para muchas OSC que habían planificado sus proyectos de 2025 con base en estos apoyos. Córdova explicó que la suspensión de financiamiento afecta tanto la operatividad de las organizaciones como a las comunidades que dependen de sus servicios. Esto implica no solo la cancelación de actividades y programas dirigidos a sectores vulnerables, sino también la precarización del personal que trabaja en estas organizaciones, quienes podrían perder su empleo y, con ello, derechos laborales como la seguridad social y el acceso a servicios de salud.
Además del impacto financiero, Córdoba advirtió que la salida de USAID interrumpe procesos de fortalecimiento institucional en áreas estratégicas como la justicia y la seguridad. La agencia había trabajado en la capacitación de operadores del sistema de justicia penal, el diseño de protocolos de atención a víctimas y la implementación de estrategias para mejorar la gobernanza. La suspensión de estos esfuerzos, señaló, implica la pérdida de avances importantes en la construcción de políticas públicas más efectivas.
El director de Educación y Ciudadanía A.C. también situó esta decisión dentro de un fenómeno más amplio: la reducción del espacio cívico en México. En los últimos años, dijo, las OSC han visto limitadas sus oportunidades de diálogo con el gobierno, su acceso a información pública y su participación en la toma de decisiones. La falta de estrategias gubernamentales para fortalecer la colaboración con la sociedad civil ha debilitado su capacidad de incidencia, afectando la construcción de soluciones colectivas a problemas sociales.
Para Córdova, el retiro de USAID es una señal preocupante en un contexto donde las OSC ya enfrentan dificultades para sostenerse y operar. Sin embargo, subrayó la importancia de fortalecer el espacio cívico y promover mecanismos de financiamiento que garanticen la continuidad del trabajo de estas organizaciones. “Reconocer su valor y fomentar su participación en el desarrollo de políticas públicas es,, clave para consolidar una gobernanza más democrática e incluyente en México”.
