Existen casos en los que se retiraron radiopatrullas a ayuntamientos que no cumplieron con los pagos correspondientes dentro de los esquemas de apoyo
Emanuel Landeros
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La falta de inversión en seguridad pública por parte de la mayoría de los ayuntamientos de San Luis Potosí mantiene rezagos importantes en las tareas de prevención del delito y obliga a que la Guardia Civil Estatal asuma funciones que corresponden directamente a las corporaciones municipales.
Así lo informó el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, al dar a conocer que más de la mitad de los 59 municipios de la entidad no han demostrado interés en destinar recursos propios al fortalecimiento de la seguridad, “pese a que desde el inicio de las actuales administraciones municipales se les solicitó asumir su responsabilidad en lo más básico, como la prevención y atención de delitos del fuero común”.
Refirió que, tras una plenaria de seguridad celebrada hace un año, únicamente diez municipios atendieron el llamado para invertir en equipamiento, personal y acciones preventivas, “el resto optó por recargarse en el despliegue de la Guardia Civil Estatal, incluso en tareas que son cien por ciento municipales, como la atención de robos a comercio, casa habitación y la vigilancia preventiva”.
El mandatario estatal observó que hay municipios donde la corporación estatal realiza operativos en escuelas y labores de proximidad social, acciones que deberían ser atendidas por las policías locales, “lo que refleja la falta de compromiso de varias administraciones municipales con la seguridad de la población”.
Asimismo dio a conocer que existen casos en los que se retiraron radiopatrullas a ayuntamientos que no cumplieron con los pagos correspondientes dentro de los esquemas de apoyo, al incumplir convenios en los que debían aportar recursos para la adquisición de unidades destinadas a tareas de seguridad.
Esta situación será revisada a fondo en una nueva reunión de seguridad que se realizará a finales de esta semana, en la que participarán autoridades municipales, las fiscalías Estatal y General de la República, así como la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Finalmente, Gallardo Cardona adelantó que en dicho encuentro serán evaluadas las metas cumplidas y las que no fueron atendidas por los municipios, “con el objetivo de establecer una planeación clara de recursos y responsabilidades en este 2026, en el que los ayuntamientos que no cumplan con su obligación en materia de seguridad podrían dejar de recibir apoyo estatal”.
