Comunidades indígenas promovieron amparos tras el retraso y recorte de recursos federales, mientras una jueza federal sancionó a la Secretaría de Bienestar por incumplir una suspensión
Patricia Calvillo
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Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano, asegura que al cierre de este año 2025, el estado y sus comunidades indígenas, no recibieron un solo peso de este fondo hasta el mes de septiembre, a pesar de que los recursos debían comenzar a fluir desde el mes de abril. El retraso fue de casi cinco meses y dejó únicamente un margen de tres meses para ejercer el presupuesto, ya que los lineamientos del FAISPIAM obligan a cerrar su ejercicio en noviembre.
A su consideración, etnias de San Luis Potosí enfrentaron un conflicto profundo con el Gobierno Federal por el manejo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, FAISPIAM.
El problema no se limitó al retraso, ya que el decreto inicial publicado el 13 de marzo de 2025 establecía una asignación de 502 millones de pesos para más de 536 comunidades indígenas en San Luis Potosí. Sin embargo, posteriormente la Secretaría de Bienestar emitió un segundo decreto en el que dio a conocer una nueva fórmula de distribución de los recursos. Esta modificación derivó en un recorte de 56 millones 736 mil 536 pesos, equivalente a casi el 10 por ciento del monto originalmente autorizado, afectando a 23 municipios y a la totalidad de las comunidades indígenas contempladas.
Según el Observatorio Indígena Mesoamericano, el origen de este recorte se encuentra en una omisión grave de la Secretaría de Bienestar y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, al no considerar el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas al definir la cobertura inicial del programa. Esta exclusión generó inconformidad entre las comunidades que quedaban fuera y, en lugar de solicitar una ampliación presupuestal para corregir el error, las autoridades federales optaron por redistribuir el mismo recurso entre más beneficiarios, reduciendo el monto que correspondía a cada comunidad.
Ante esta situación, diversas comunidades indígenas tének y náhuatl decidieron promover juicios de amparo para defender el presupuesto que les había sido asignado originalmente. Los recursos legales fueron admitidos por los juzgados, lo que evidenció que existía materia jurídica suficiente en el reclamo. De hecho, los juzgados Quinto y Séptimo de Distrito con sede en Ciudad Valles otorgaron suspensiones provisionales y definitivas para impedir la aplicación del recorte a las comunidades quejosas.
Pese a ello, la Secretaría de Bienestar y el INPI optaron por litigar contra las propias comunidades indígenas, en lugar de reconocer las omisiones administrativas que provocaron el conflicto. De acuerdo con Cisneros Sánchez, además del litigio, se han bloqueado cuentas bancarias, ejercido presiones para que las comunidades se desistan de los juicios y emprendido campañas de desinformación y criminalización contra autoridades y representantes indígenas. Estas acciones, sostiene, constituyen un abuso del poder público.
Son 13 comunidades indígenas tének y náhuatl, ubicadas en seis municipios de la Huasteca Potosina, las que se encuentran directamente afectadas al no poder disponer de recursos ya autorizados por la Presidencia de la República. El monto retenido de manera injustificada e ilegal asciende a 56 millones 228 mil 910 pesos y afecta a cerca de 34 mil 991 personas indígenas, quienes ven limitadas obras y acciones básicas de infraestructura social.
El conflicto escaló a un nuevo nivel el pasado 2 de diciembre, cuando la jueza Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, María Lucrecia Martínez Galván, determinó que la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, incumplió con la suspensión decretada dentro del juicio de amparo. La medida judicial ordenaba mantener las cosas en el estado en que se encontraban e impedir cualquier acto tendente a ejecutar la reducción presupuestal. La jueza fue clara al señalar que la suspensión no impedía la entrega de los recursos a las comunidades, contrariamente a lo que había argumentado la autoridad responsable.
Ante el incumplimiento, se impuso una multa a la titular de la Secretaría de Bienestar y le requirió nuevamente el cumplimiento inmediato de la suspensión definitiva, advirtiendo que, de persistir la omisión, se impondría una nueva sanción. A pesar de ello, hasta después de celebrada la audiencia constitucional el 18 de diciembre, las 13 cuentas bancarias de las comunidades indígenas continuaban bloqueadas.
Desde la perspectiva del Observatorio Indígena Mesoamericano, resulta contradictorio que la Secretaría de Bienestar y el INPI acusen a las comunidades de desinformación, cuando son ambas instituciones las que han incurrido en omisiones, recortes y acciones que vulneran derechos indígenas.
Juan Felipe Cisneros señala que el discurso de primero los pobres y los compromisos de no mentir, no robar y no traicionar contrastan con los hechos observados en este caso, donde los recursos públicos se han utilizado con fines políticos y no para cumplir con la misión institucional de garantizar el bienestar y el respeto a la ley.
Por lo pronto, están a la espera que la jueza emita en breve su sentencia, pues las comunidades indígenas confían en que el fallo sea congruente con las evidencias presentadas y proteja sus derechos humanos. De no ser así, advierten que recurrirán a instancias superiores y a organismos internacionales, con el objetivo de frenar lo que consideran un patrón de abuso y discriminación institucional contra los pueblos indígenas de San Luis Potosí.
