San Luis Potosí acumula 76 órdenes de aprehensión sin ejecutar, reporta la FGR

Las cifras difundidas por la FGR corresponden a delitos del fuero federal, los cuales comprenden conductas como delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de armas, corrupción, delitos fiscales, ambientales

Fiscalía General de la República — Las órdenes de aprehensión son mandamientos judiciales emitidos por un juez a solicitud del Ministerio Público / Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Alejandra Ruiz

San Luis Potosí cuenta con 76 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar y 9 órdenes de reaprehensión aún sin ejecutar, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR) publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, con corte a mayo de 2025.

Las órdenes de aprehensión son mandamientos judiciales emitidos por un juez a solicitud del Ministerio Público para detener a una persona cuando existen elementos que la señalan como probable responsable de un delito. Por su parte, las órdenes de reaprehensión se giran cuando una persona previamente detenida o sentenciada obtiene su libertad de manera provisional o evade la justicia y debe ser presentada nuevamente ante la autoridad.

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Las cifras difundidas por la FGR corresponden a delitos del fuero federal, los cuales comprenden conductas como delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de armas, corrupción, delitos fiscales, ambientales o contra la salud, entre otros.

En el contexto nacional, San Luis Potosí ocupa el lugar número 27 a nivel nacional en número de órdenes de aprehensión pendientes, con 76 casos registrados. La entidad se sitúa por debajo de estados con mayores volúmenes como Baja California (1,040), Guanajuato (760), Chihuahua (671), Ciudad de México (619) y Sonora (604), que encabezan el listado federal. En contraste, los estados con menos órdenes reportadas son México (2), Yucatán (15), Campeche (28), Tlaxcala (30) y Aguascalientes (38). En total, 26 registros presentan cifras superiores a la de San Luis Potosí, mientras que siete entidades reportan menos, según los datos oficiales de la Fiscalía General de la República.