Localjueves, 2 de octubre de 2025
San Luis Potosí mantiene tercer lugar por robo de ganado a nivel nacional
Tamuín ha encabezado los registros de denuncias por abigeato durante cuatro años
Tamuín ha encabezado los registros de denuncias por abigeato durante cuatro años

San Luis Potosí se ha mantenido entre los estados con mayor incidencia de abigeato en el país durante los últimos cuatro años, ocupando de forma constante el tercer lugar nacional entre 2021 y 2024, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Pese a esta persistencia, las autoridades reportan que en 2025 el delito muestra una tendencia a la baja.
Según los datos obtenidos a través de la Unidad de Transparencia, bajo el folio UT-SI-P-046-240469825000046-2025, y proporcionados por el vicefiscal del estado, José Pedro Gómez, confirman que el número de carpetas de investigación abiertas por abigeato ha disminuido de manera paulatina: 262 en 2021, 266 en 2022, 194 en 2023 y 160 en 2024. Aunque las cifras de 2025 aún están en análisis, la fiscal general Manuela García Cazares ha señalado en declaraciones recientes que el delito registra una reducción considerable en los primeros meses del año.
En materia de judicialización, los avances han sido modestos pero sostenidos: 2 casos en 2021, 8 en 2022, 8 en 2023 y 4 en 2024. Estos números reflejan los esfuerzos institucionales por fortalecer el proceso penal, aunque también evidencian los desafíos que persisten para garantizar justicia a las víctimas.
A nivel municipal, Tamuín ha encabezado los registros de denuncias por abigeato durante los cuatro años analizados, seguido por la capital potosina. El tercer lugar ha variado: Tanquián de Escobedo en 2021, San Ciro de Acosta en 2022, Coxcatlán en 2023 y Tancanhuitz en 2024. Esta distribución geográfica subraya la necesidad de estrategias focalizadas de prevención y combate en las zonas rurales más afectadas.
El seguimiento de estos datos permite dimensionar el impacto del abigeato en el sector ganadero y en la economía rural, así como evaluar las políticas de prevención y persecución del delito. Si la tendencia a la baja en 2025 se consolida, podría representar un punto de inflexión positivo para la segunda mitad de la administración gubernamental.