Se manifiestan contra elección judicial en SLP: “es lo único que nos queda”
La organización Potosinos con Valor marchó desde Calzada de Guadalupe hacia Plaza Fundadores para mostrar su inconformidad con las elecciones judiciales
Alejandra Ruiz
“¿Quién conoce a los candidatos?”
Uno de los puntos críticos señalados por los manifestantes es la falta de información real sobre las personas que aparecen en las boletas.
“Hoy invito a cualquier ciudadano en San Luis que me diga los nombres de los 32 o 34 candidatos por los que va a votar. Ni yo los conozco. ¿Cómo vamos a elegir a alguien si ni siquiera sabemos quiénes son?”, cuestionó Meade.
La protesta se centró en rechazar lo que consideran una imposición política disfrazada de participación democrática, aludiendo que los candidatos fueron previamente seleccionados por actores políticos con intereses particulares.
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“La ley permite disentir”
En respuesta a las amenazas de posibles sanciones por promover el abstencionismo, Meade y otros organizadores defendieron el derecho de los ciudadanos a manifestar su inconformidad.
“La Constitución no obliga a votar. Es un derecho, no una imposición. Decidir no participar también es una forma de protesta legítima. Si expresarlo es un delito, entonces ya no estamos en una democracia”, señaló el dirigente.
Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí ha advertido que incitar a no votar podría constituir una falta, aunque hasta el momento no se ha reportado ninguna sanción directa a los participantes.
“Una lápida al estado de derecho”
El empresario potosino Alberto Narváez Arochi, presente en la movilización, lamentó el intento de represión por parte de la policía y subrayó que esta marcha buscaba dejar testimonio público del deterioro democrático.
“Estamos presenciando cómo se le pone una lápida al frágil estado de derecho, a nuestra ya golpeada democracia. Mientras el gobierno se felicita a sí mismo, la inseguridad y la desigualdad siguen creciendo”, advirtió.
Para Narváez, el proceso judicial extraordinario —impulsado desde el Ejecutivo— representa un intento por controlar el tercer poder del Estado, lo cual lastima gravemente el equilibrio de poderes y la confianza ciudadana.
























