Este documento, presentado como una obligación voluntaria, genera desconcierto y rechazo entre los profesores, según reportó en sus redes sociales, el organismo de Transformación Magisterial
Patricia Calvillo
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En medio de una insurgencia magisterial que recorre todo el país, las autoridades educativas de San Luis Potosí deciden lanzar una estrategia como hacer llegar a los trabajadores de la educación una Carta Compromiso para que se comprometan a cumplir un Código de Conducta. Este documento, presentado como una obligación voluntaria, genera desconcierto y rechazo entre los profesores, según reportó en sus redes sociales, el organismo de Transformación Magisterial que pertenece a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE.
Al parecer, no se les entrega el texto del Código en sí, ni se les proporciona la oportunidad de conocerlo en su totalidad. La intención detrás de este movimiento se hace evidente, más que buscar una verdadera adherencia a principios éticos, las autoridades parecen querer intimidar a los docentes en un momento de creciente movilización, considera a Felipe de Jesús Cervantes Pérez, maestro jubilado.
El Código de Conducta, respaldado por acuerdos y leyes emitidas por el gobierno federal, establece las normas éticas que deben seguir los servidores públicos, incluidos los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, la forma en que se ha implementado en San Luis Potosí genera más dudas que certezas. El principal problema radica en que, aunque los trabajadores deben firmar una carta comprometiéndose a conocer y seguir el Código de Conducta, no se les entrega dicho documento en el momento de la signatura. Se les pide firmar bajo la premisa de que voluntariamente asumen el compromiso de cumplir con unas reglas de las que no tienen información directa.
La Carta Compromiso que trae específicamente los sellos del Sistema Educativo Estatal Regular, SEER, inicia con la frase “he recibido y conozco el contenido del Código de Conducta”, una afirmación que no corresponde con la realidad, ya que en muchos casos los trabajadores no recibieron el manual, ni tampoco tuvieron tiempo ni espacio para estudiarlo. Esto pone en evidencia la falta de interés real de las autoridades por garantizar que los trabajadores conozcan las normas que se les exigen cumplir.
El momento elegido para distribuir este anexo único que solicita la firma es particularmente significativo. Se produce en un contexto donde se vive la movilización de los trabajadores de la educación en busca de reivindicaciones laborales y sociales, sobre todo por la abrogación de la Ley General del ISSSTE. La entrega de este documento parece tener un propósito que es inhibir la participación activa de los docentes en la lucha por sus derechos, sembrando temor sobre las consecuencias de desobedecer un código de conducta que ni siquiera se les ha explicado adecuadamente.
Esta estrategia se vuelve aún más evidente cuando se lee el contenido del documento, que menciona que los trabajadores, al pactar, voluntariamente se comprometen a cumplir con las disposiciones del Código de Conducta. Sin embargo, este compromiso debería ser de carácter obligatorio para todo el personal, sin excepciones. Por lo que para el docente “esto demuestra que las autoridades locales no están comprometidas con la transparencia ni con la difusión real de la normativa, sino que pretenden crear un ambiente de temor mediante un documento ambiguo y carente de explicación.
El Código de Conducta es claro en su propósito: promover un comportamiento ético en todos los niveles del servicio público, garantizando el respeto, la imparcialidad y la equidad. Sin embargo, su aplicación parece entrar en contradicción con los propios principios que se supone debe promover. Por ejemplo, no se menciona que el propio personal de las autoridades educativas, como los directivos y supervisores, deben conducirse con imparcialidad, evitando cualquier tipo de favoritismo o compromisos políticos, que en muchos casos parece ser la verdadera causa de la corrupción y la desigualdad en el sector educativo.
“En lugar de enfocarse en fortalecer los principios éticos entre los trabajadores, la autoridad local parece más interesada en usar el Código como una herramienta para silenciar las voces disidentes. Esto resulta aún más irónico cuando se considera que las autoridades federales, como la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de educación Mario Delgado, se han comprometido públicamente a no sancionar a quienes luchan por demandas justas, una postura que choca con las medidas coercitivas adoptadas a nivel local”.
Este formato, menciona que los trabajadores deben evitar conductas antiéticas como el fraude, el soborno, el acoso laboral o sexual, y el mal manejo de recursos. “Sin embargo, la aplicación en este contexto parece estar más dirigida a minimizar las demandas de los trabajadores, etiquetando las protestas como comportamientos antiéticos, cuando en realidad son manifestaciones legítimas en defensa de los derechos laborales”.
La verdadera antiética en este contexto podría encontrarse en acciones como “el uso de favores políticos para ocupar cargos en la Secretaría de Educación. La falta de transparencia, el favoritismo y el manejo de recursos a conveniencia son prácticas mucho más peligrosas que las luchas laborales por mejorar las condiciones de los trabajadores”.
