Seguridad privada en San Luis Potosí: ¿cuáles son las 107 empresas autorizadas en 2026?

Las compañías autorizadas ofrecen vigilancia, traslado de valores e instalación de sistemas de seguridad

Alejandra Ruiz

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Unidad de Servicios de Seguridad Privada, dio a conocer el listado actualizado de compañías con autorización vigente para operar en el estado durante el año 2026.

Según la dependencia, la seguridad privada, regulada por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Privada para el Estado de San Luis Potosí, constituye un servicio auxiliar a la seguridad pública. Su función es proteger personas, bienes y valores, instalar y operar sistemas de seguridad, realizar estudios especializados e incluso apoyar en investigaciones y situaciones de emergencia.

De acuerdo con la información oficial, 107 empresas cuentan con licencia vigente para prestar servicios de seguridad privada en San Luis Potosí. Estas organizaciones ofrecen modalidades diversas, entre ellas:

Protección y vigilancia de personas o bienes.
Traslado y custodia de fondos y valores.
Instalación y operación de sistemas y equipos de seguridad.
Elaboración de estudios y proyectos de seguridad e investigación privada de personas y bienes.

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Portación de armas de fuego

De igual modo, la Secretaría informó que solo 7 empresas cuentan con autorización para que su personal porte armas de fuego en el desempeño de sus funciones.

Los servicios que estas compañías ofrecen se concentran principalmente en:

Traslado y custodia de fondos y valores.
Protección y vigilancia de personas y bienes.

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En general, ambas empresas deben cumplir con trámites específicos para mantener su licencia:

Licencia de Funcionamiento Inicial
Refrendo anual
Revalidación de la licencia
Ampliación de modalidades
Cancelación de la licencia, en caso de incumplimiento.

Asimismo se señaló que la regulación de la seguridad privada busca garantizar que estas compañías actúen como auxiliares de la seguridad pública, contribuyendo a la prevención del delito y fortaleciendo la protección ciudadana.

En palabras de la propia Secretaría, el objetivo es “acrecentar las herramientas para la disminución del índice delictivo” mediante la supervisión y autorización de las empresas que operan en este sector.