Servicios públicos, los que menos abortos realizan pese a despenalización en SLP

Alejandra Ruiz

A un año de la reforma que legalizó el aborto en San Luis Potosí, los datos muestran una paradoja: el sistema de salud estatal y federal, que debería garantizar el acceso gratuito y seguro, es el que menos abortos realiza.

De las 674 interrupciones de embarazo registradas entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, solo 207 fueron atendidas por instituciones públicas, mientras que 467 se realizaron con acompañamiento de colectivas feministas.

Esto significa que el 69% de los abortos en la entidad fueron sostenidos por redes de acompañamiento, no por hospitales.

“El sistema de salud es hoy el que menos abortos realiza, aunque es el único que tiene la obligación legal de garantizarlos”.

El Frente Marea Verde SLP señala que el problema no es la falta de marco legal —porque la despenalización ya está vigente desde noviembre de 2024— sino la falta de aplicación institucional.

Los Servicios de Salud del Estado reportaron apenas 136 casos, sin aclarar dónde ocurrieron ni reconocer ninguno como aborto voluntario.

El IMSS, por su parte, solo contabilizó 71 procedimientos en dos hospitales del estado, y el ISSSTE no entregó datos.

“La despenalización fue un logro jurídico del movimiento feminista, pero la implementación sigue siendo una deuda institucional”.

Esta baja respuesta institucional refleja una resistencia cultural y política dentro del sistema de salud, donde persisten prácticas conservadoras, objeción de conciencia y miedo administrativo. En palabras del Frente, “el Estado cumple en el papel, pero no en los hospitales”.

Mientras tanto, las colectivas feministas han sostenido la práctica cotidiana del aborto legal mediante acompañamientos seguros, autogestionados y comunitarios.

Estas redes no reemplazan al sistema público por gusto, sino por necesidad y por convicción ética: brindar una opción real y libre a quienes no encuentran respuesta institucional.

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“El aborto es legal, pero no libre ni accesible para todas. La norma existe, pero su cumplimiento depende del activismo y no de la autoridad”.

En zonas rurales o indígenas, donde la infraestructura médica es mínima y el estigma es más fuerte, el papel de las acompañantas se vuelve aún más vital.

Son ellas quienes orientan, acompañan, proveen medicamentos y dan seguimiento, en un contexto donde el sistema estatal no llega o llega tarde.

El Frente Marea Verde sostiene que la política pública sigue vacía de contenido práctico: sin capacitación, sin presupuesto y sin protocolos claros, la despenalización se convierte en un derecho simbólico más que en una garantía efectiva.

“La despenalización fue un logro del movimiento feminista, pero su aplicación depende todavía de nosotras, no del Estado”, concluye el informe.