El estado forma parte de las 22 entidades federativas que carecen de una legislación específica en materia penitenciaria
En San Luis Potosí, el sistema penitenciario opera sin una ley especializada que regule sus funciones, condiciones laborales y derechos del personal de seguridad y custodia. Así lo revela el informe conjunto de Causa en Común, Perteneces e Impunidad Cero, que evaluó el desarrollo institucional de policías, fiscalías y penales estatales durante 2024.
El estado forma parte de las 22 entidades federativas que carecen de una legislación específica en materia penitenciaria, lo que genera una dependencia normativa de leyes pensadas para cuerpos policiales, sin considerar las particularidades del contexto carcelario. Esta omisión impacta directamente en la carrera profesional, la certificación, el régimen disciplinario y la perspectiva de género dentro de los centros penitenciarios.
Además, San Luis Potosí figura entre las corporaciones que reportan escalas jerárquicas inferiores a las que establece su propia legislación, debilitando los procesos de mando y promoción interna. La falta de protocolos mínimos —como los 23 definidos por la Ley Nacional de Ejecución Penal— limita la organización de condiciones de internamiento y seguridad, tanto para el personal como para las personas privadas de libertad.
El informe también señala que el personal penitenciario en San Luis Potosí está sujeto al marco legal estatal, sin reconocimiento nacional de sus derechos laborales. Esto genera disparidades entre entidades: dos custodios que desempeñan funciones similares pueden tener condiciones laborales radicalmente distintas, dependiendo del estado en el que trabajen.
La información fue obtenida mediante solicitudes de transparencia enviadas a las instituciones a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) durante 2024. En muchos casos, las respuestas fueron evasivas, incompletas o contradictorias, lo que evidencia una cultura institucional de opacidad.
En un contexto nacional donde 13 estados reportan que ninguno de sus centros penitenciarios cuenta con certificación internacional —incluyendo San Luis Potosí—, el panorama local exige reformas urgentes. Sin estándares de gestión, seguridad ni reinserción social, los centros penitenciarios potosinos se mantienen al margen de las buenas prácticas internacionales.
La ausencia de enfoque de género también es alarmante. El informe destaca que muchas mujeres custodias carecen de mecanismos adecuados para denunciar violencias por razón de género, y que la escasa presencia femenina en cargos de mando perpetúa dinámicas de exclusión institucional.
Según el estudio, San Luis Potosí necesita más que diagnósticos: requiere transformar su sistema penitenciario desde la raíz, con leyes específicas, protocolos claros y condiciones laborales dignas. Mientras tanto, el personal de custodia sigue operando en un limbo normativo que vulnera sus derechos y compromete la seguridad institucional.
