Más del 40 por ciento de mujeres no ha recibido sentencia y el 65 por ciento cumple condenas por delitos menores
El sistema penitenciario en San Luis Potosí reproduce las desigualdades estructurales y afecta desproporcionadamente a mujeres de escasos recursos. La activista y defensora de derechos humanos Fátima Gamboa urgió a eliminar la prisión preventiva oficiosa, revisar sentencias desproporcionadas y garantizar alternativas de justicia restaurativa para las mujeres encarceladas. Estas medidas son fundamentales para frenar la criminalización de la pobreza en el estado.
Durante la conferencia Castigo a la Desigualdad: Mujeres en Prisión, Gamboa presentó un panorama: en San Luis Potosí, el número de mujeres en prisión ha aumentado un 20 por ciento en los últimos cinco años, y la mayoría de ellas enfrenta condiciones de reclusión precarias. Más del 40 por ciento no ha recibido sentencia y el 65 por ciento cumple condenas por delitos menores, principalmente relacionados con el narcomenudeo y el robo, cometidos en contextos de pobreza y violencia, un panorama que se refleja también a nivel nacional.
El impacto de la prisión en estas mujeres va más allá de sus casos individuales. La mayoría son cuidadoras principales de sus familias: siete de cada diez tenían hijas o hijos bajo su responsabilidad antes de ser encarceladas. Al ser privadas de la libertad, sus familias quedan desamparadas, muchas veces sin acceso a programas de apoyo.
Además, el sistema penitenciario potosino no está preparado para atender las necesidades específicas de las mujeres. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado que las mujeres privadas de la libertad enfrentan graves carencias en salud, higiene y alimentación. En el penal de La Pila, por ejemplo, las internas han denunciado la falta de acceso a productos de higiene menstrual y atención médica adecuada.
Gamboa señaló que la mayoría de estas mujeres intentó buscar apoyo del Estado antes de cometer los delitos por los que fueron acusadas, pero encontraron indiferencia. “Antes de estar en prisión, muchas acudieron al DIF en busca de programas sociales, a hospitales en busca de atención médica para sus hijas e hijos, o incluso a ministerios públicos para denunciar violencia doméstica. La respuesta fue casi siempre la misma: negación de ayuda o indiferencia”, denunció.
El uso de la prisión como castigo a la pobreza y la falta de oportunidades es una constante en San Luis Potosí. La mayoría de las mujeres presas tiene apenas educación básica y proviene de comunidades marginadas. Sin embargo, el sistema judicial no aplica perspectiva de género en sus casos, lo que resulta en sentencias desproporcionadas y la imposibilidad de acceder a mecanismos de justicia alternativa.
Finalmente, Gamboa hizo un llamado urgente: “No se puede seguir pavimentando con cemento de injusticia las vidas de las mujeres más vulnerables”. La solución, dijo, no está en más cárceles, sino en construir un modelo de justicia que garantice derechos en lugar de castigar la desigualdad.
