El estado refleja una aplicación funcional, aunque discreta, de los mecanismos alternativos durante los primeros meses de 2025
San Luis Potosí arrancó el 2025 con una participación moderada en el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias penales, según el informe más reciente publicado por el Órgano Especializado de la Fiscalía General de la República. Durante el primer trimestre del año, se contabilizaron 27 asuntos derivados al Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. En México, OEMASC, desde instancias como ministerios públicos o jueces, lo que indica que en ese número de casos las autoridades consideraron posible resolver el conflicto sin necesidad de juicio. En términos comparativos, San Luis Potosí se mantiene en una franja media-baja respecto a otras entidades, lejos de los primeros lugares ocupados por estados como Ciudad de México, Oaxaca o Puebla.
Para entender el alcance de estos datos es importante explicar que los mecanismos alternativos de solución de controversias se usan en materia penal cuando las partes involucradas —la víctima u ofendido por un lado, y el imputado por otro— aceptan resolver el conflicto de manera conjunta, sin acudir a un proceso judicial completo. Esto se da principalmente en delitos considerados como no graves, como lesiones menores, daños a propiedad, amenazas, algunos fraudes o violencia familiar en ciertos contextos. Los acuerdos pueden implicar reparación del daño, disculpas públicas, compromisos de no repetición, entre otros.
En este contexto, San Luis Potosí registró 29 casos admitidos, es decir, que cumplieron con los requisitos formales y pudieron avanzar hacia la facilitación. De estos, 14 llegaron a la etapa de iniciados, que se refiere al momento en que se llevó a cabo la sesión conjunta entre las partes. Más adelante, 9 de esos casos resultaron en acuerdos formales, y 12 fueron reportados como ya cumplidos. Esta última cifra destaca, pues indica que incluso algunos acuerdos firmados en trimestres anteriores también fueron totalmente satisfechos en este periodo.
Aunque los números potosinos no encabezan la lista nacional, el hecho de que la mayoría de los acuerdos derivados estén siendo cumplidos sugiere una eficiencia en la aplicación de estos mecanismos. Esto resulta especialmente relevante en un contexto donde el sistema de justicia enfrenta sobrecargas y lentitud. Resolver casos penales mediante conciliación permite a las víctimas obtener reparación de forma más directa y, al mismo tiempo, fomenta una cultura de corresponsabilidad y diálogo.
El informe también muestra contrastes importantes: mientras que la Ciudad de México reporta 138 asuntos derivados y 83 acuerdos cumplidos, algunas sedes como Poza Rica o Uruapan reportan nula actividad. Este tipo de disparidades pone en evidencia la desigual implementación de los mecanismos en distintas regiones del país.
En suma, San Luis Potosí refleja una aplicación funcional, aunque discreta, de los mecanismos alternativos durante los primeros meses de 2025. Su reto, según este informe, de cara a los próximos trimestres, será aumentar el número de casos canalizados hacia estas formas de justicia más accesibles, sin perder de vista la calidad y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
