La capital potosina encabeza de forma constante los reportes más numerosos y severos por violencia familiar y agresiones físicas
Las solicitudes de auxilio que ingresan al 911 dejan ver, con una crudeza imposible de ignorar, cuáles son las agresiones más graves que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el estado. Entre abril de 2020 y abril de 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó —a partir de la respuesta a la solicitud a su área de transparencia - que todas las intervenciones policiales relacionadas con violencia contra menores se concentraron únicamente en cuatro municipios: San Luis Potosí capital, Ciudad Valles, Matehuala y Tamazunchale. El resto del estado aparece en silencio absoluto dentro de los registros oficiales, lo que sugiere un escenario riesgoso: o la violencia no se reporta o no se documenta.
La capital potosina encabeza de forma constante los reportes más numerosos y severos por violencia familiar y agresiones físicas. En 2020 ya sumaban 23 intervenciones por conflictos familiares y 17 por ataques físicos; para 2022 las cifras se dispararon con 58 eventos vinculados a violencia familiar y 25 agresiones físicas. El incremento no volvió a niveles previos: en 2024 persistieron los números altos y, tan solo en los primeros cuatro meses de 2025, la capital acumuló 63 intervenciones por violencia familiar y 45 por violencia física, rebasando por sí sola los totales anuales de años completos. La presencia de violencia sexual, aunque menor, no desaparece: dos casos en 2020, uno en 2022 y dos más en 2024 muestran una continuidad preocupante.
En Ciudad Valles el panorama toma otro matiz, igual de alarmante. Ahí, el delito dominante es la violencia sexual en menores, una constante durante todo el periodo: 12 intervenciones en 2020, 13 en 2022, 15 en 2024 y 10 más en los primeros meses de 2025. Ningún otro municipio del estado registra cifras semejantes. En cuanto a violencia familiar y física, Valles mantiene números medios que van desde 17 a 18 intervenciones anuales por conflictos familiares y entre 3 y 19 por agresiones físicas, destacando un aumento reciente en 2025. La diferencia entre la capital y la Huasteca es clara: mientras San Luis Potosí registra violencia física y familiar como su principal problema, en Ciudad Valles la constante es el abuso sexual infantil.
Matehuala y Tamazunchale aparecen en los reportes con cifras menores, usualmente entre dos y cuatro casos por año y concentrados en violencia familiar y física. Sin embargo, su sola presencia como los únicos municipios adicionales con intervenciones durante cinco años sugiere que el resto del estado podría estar operando entre la opacidad, la falta de denuncia o la ausencia de mecanismos institucionales para registrar estos hechos. Que solo cuatro municipios aparezcan en los datos oficiales no es un indicador de seguridad, sino de un subregistro casi absoluto en amplias regiones de San Luis Potosí.
La información por edades revela que las víctimas pertenecen sobre todo a dos grupos: niñas y niños muy pequeños, entre cuatro y siete años, y adolescentes entre 12 y 17. Los primeros aparecen principalmente en episodios de violencia dentro del hogar; el año 2022 es el más grave en la capital, con 42 menores de esa edad involucrados en intervenciones policiales. Los adolescentes, por su parte, concentran el mayor volumen total de incidentes. Solo en 2025, San Luis Potosí capital ya registraba 39 adolescentes involucrados en hechos violentos y Ciudad Valles reportaba 15 en el mismo periodo. La diferencia en los contextos de riesgo es clara: los más pequeños enfrentan agresiones familiares, mientras que los adolescentes atraviesan por conflictos físicos, desapariciones, negligencias y, en el caso de Valles, abusos sexuales reiterados.
En el panorama también destacan los reportes por abandono y omisión de cuidados, particularmente en la capital, con picos de 12 casos en 2022 y ocho en 2024. Las intervenciones por desaparición y localización de menores, frecuentes sobre todo en Ciudad Valles, alcanzaron su punto más alto en 2023 con nueve casos. La recurrencia de estos eventos demuestra que la violencia infantil en el estado trasciende las agresiones directas: incluye negligencia, extravíos y fallas estructurales en los sistemas de protección que deberían prevenir riesgos antes de que se conviertan en emergencias.
