Toman la Secundaria Técnica 67 en Valle Dorado; un caso de bullying detonó conflicto
La toma de la escuela ha dejado sin clases a más de 600 alumnos del turno matutino y alrededor de 300 del turno vespertino, afectando a una comunidad escolar de aproximadamente mil cincuenta estudiantes
Alumnos fueron suspendidos y obligados a tomar clases en línea
Padres de familia se inconformaron ante la SEGE
Posteriormente se realizó otra reunión en la escuela, donde los padres exigieron ser escuchados y manifestaron que no era justo que todos los alumnos fueran castigados con clases en línea por un problema relacionado con una sola menor.
Alumna, señalada por diversos casos de bullying
El director y una inspectora fueron separados del cargo; denuncian hostigamiento
Los padres consideran esta medida injusta, ya que aseguran que los docentes solo acataron las disposiciones de sus superiores y que sí se tomaron acciones desde el inicio del problema.
La toma de la escuela ha dejado sin clases a más de 600 alumnos del turno matutino y alrededor de 300 del turno vespertino, afectando a una comunidad escolar de aproximadamente mil cincuenta estudiantes.
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Secundaria Ténica 67 tomada / Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis
Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 67, ubicada en la avenida Topacio número 67, en la colonia Valle Dorado, decidieron tomar las instalaciones del plantel como medida de protesta ante lo que consideran una serie de omisiones, decisiones injustas y falta de atención a un caso prolongado de acoso escolar que ha afectado a decenas de estudiantes desde el mes de septiembre.
El origen del conflicto, de acuerdo con los padres, se remonta a un incidente ocurrido fuera de la escuela durante un cumpleaños, donde dos alumnas tuvieron un altercado y una de ellas perdió un audífono. Posteriormente, ya dentro del plantel, los problemas entre ambas continuaron y derivaron en enfrentamientos. La madre de la menor que perdió el audífono interpuso una queja ante Derechos Humanos y ante la Comisión Estatal de Atención al Menor, situación que, según los manifestantes, detonó una serie de decisiones administrativas que agravaron el conflicto.
A raíz de esta queja, dos docentes del plantel fueron separados de sus cargos. Más adelante, la maestra Gabriela Cruz Ortiz, representante del área de Departamento de Atención al Educando (DEPAI), acudió a la escuela y convocó a una reunión con padres de familia. De un total aproximado de 40 tutores, solo asistieron 16, quienes firmaron una lista de asistencia.
Según los padres inconformes, esas firmas fueron posteriormente utilizadas como autorización para enviar a todo el grupo a clases en línea, bajo el argumento de que no existían condiciones para continuar las clases de manera presencial ante el bullying que había entre los alumnos.
La decisión se tomó un día antes del periodo vacacional. Al regresar a clases, muchos padres se enteraron de que a sus hijos no se les permitía el ingreso a la escuela y que debían continuar en modalidad virtual. La mesa directiva del plantel fue informada por el director y otros docentes de que los padres tendrían que cubrir el costo de una plataforma digital para que los alumnos pudieran tomar clases en línea.
Esta medida generó un fuerte descontento, ya que varias familias señalaron no contar con celulares, tabletas o acceso adecuado a internet. Ante ello, un grupo de padres acudió a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado para solicitar la intervención de autoridades del nivel de secundarias técnicas, entre ellos los profesores José Luis Liñán y otro de apellido Ferrer. Sin embargo, no se logró un acuerdo, ya que la disposición de continuar en línea provenía directamente del departamento de DEPAI.
En ese encuentro se expuso que, según los testimonios de los tutores, al menos 16 alumnos habían sido víctimas de acoso por parte de la misma niña, señalándole como agresora constante. Los padres relataron que la menor insultaba, empujaba, golpeaba, pateaba mochilas y amenazaba a sus compañeros, asegurando que tenía poder y que podía hacer lo que quisiera.
Al menos 16 alumnos habían sido víctimas de acoso por parte de la misma niña / Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis
La alumna fue inicialmente asignada al grupo primero E, pero debido a los conflictos fue cambiada al primero F, donde, de acuerdo con los padres, los problemas continuaron. Durante la reunión, se solicitó que la investigación no se enfocara únicamente en una versión y que se tomaran en cuenta las quejas de todos los afectados. Los padres entregaron testimonios por escrito, de su puño y letra, para que la autoridad correspondiente pudiera investigar.
Como resultado de esa junta, se acordó que los alumnos regresarían a clases presenciales, aunque con un convenio en el que los padres se comprometían a supervisar los celulares de sus hijos. Los estudiantes regresaron a las aulas tras perder aproximadamente una semana de clases.
No obstante, el conflicto se intensificó cuando, recientemente, las autoridades separaron de sus cargos al director del plantel, Héctor Carranco, a la inspectora de zona y a otros dos trabajadores, bajo el argumento de omisión y de no haber enviado a los alumnos a clases en línea.
A esto se suma que la madre de la menor involucrada interpuso también una denuncia ante la fiscalía. Su representante legal, un exfuncionario judicial jubilado, acudió a la escuela solicitando nombres y domicilios de los alumnos presuntamente involucrados. El director se negó a proporcionar dicha información por tratarse de menores de edad, indicando que cualquier solicitud debía realizarse a través de las instancias superiores correspondientes. Para los padres, este hecho es parte de un presunto hostigamiento y de una línea en contra del director y de los maestros.
Los manifestantes cuestionan por qué no se dio seguimiento a las denuncias de los padres cuyos hijos fueron violentados y por qué, aseguran, solo se atendió el caso de una menor, a quien consideran victimaria y no víctima. También exigen claridad sobre la investigación realizada por la maestra Gabriela Cruz Ortiz y piden su destitución, al considerar que hubo omisiones o encubrimiento de pruebas.
Los padres aseguran que no liberarán las instalaciones hasta que acudan las autoridades educativas correspondientes, escuchen todas las quejas y se dé una solución integral que incluya la reinstalación de los docentes separados y una investigación imparcial del caso de acoso escolar.
