El bebé fue resguardado por el DIF Estatal y fue devuelto a su madre debido a que este se encuentra en la etapa de lactancia
Tras diez días de incertidumbre y la denuncia por sustracción ilegal del menor Santiago, de apenas siete meses, el Poder Judicial del Estado confirmó que el procedimiento para su entrega se realizó conforme a los protocolos del juzgado familiar competente, sin haberse resuelto aún la custodia definitiva.
El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Arturo Morales Silva, explicó que el proceso fue atendido el pasado fin de semana, una vez que se notificó a la autoridad correspondiente. “Desde el área que nos corresponde como Poder Judicial, se realizó la entrega del menor a la mamá”, señaló, al aclarar que la custodia de fondo aún está pendiente de resolución.
La entrega del menor fue posible mediante una orden judicial emitida por el juzgado familiar, el cual evaluó los elementos presentados en el contexto de una carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía, así como la comparecencia del padre ante el mismo tribunal para solicitar la custodia.
Según la Fiscal General María García Cázares, la restitución se basó en el principio de interés superior del menor: “El juez familiar ordenó la entrega del niño a su madre debido a que se encuentra en etapa de lactancia”. La Fiscalía colaboró con un médico especialista para verificar el estado de salud del menor antes de su restitución, garantizando que esta se diera bajo condiciones adecuadas.
Este tipo de entregas judiciales se rige por el marco legal vigente en materia familiar, y se llevan a cabo cuando existe riesgo para el desarrollo del menor o conflicto parental que compromete su bienestar. Aunque la entrega física fue inmediata, el proceso legal continúa.
“Hay casos en los que uno de los padres ejerce violencia simbólica o emocional a través de la retención no autorizada del menor”, señaló el magistrado, quien también reconoció un incremento de este tipo de conflictos familiares, especialmente en periodos vacacionales.
Finalmente, ambas autoridades subrayaron que el caso no fue resultado de presión social, sino de la actuación conforme a derecho. No obstante, aceptaron que las redes sociales han acelerado la visibilización de casos como este, al generar una comunicación más directa con la ciudadanía.
